La comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados inició ayer -en los últimos días del actual gobierno- la tramitación del proyecto sobre el mercado del gas que fue presentado por el Ejecutivo en el marco de las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica.
El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, fue el encargado de presentar la iniciativa, asegurando que el principal determinante del precio del gas licuado de petróleo para los clientes finales es el valor en los mercados internacionales. Dijo que “esa es una variable que no controlamos y que este proyecto de ley tampoco va a poder controlar”.
Jobet fue enfático en que este articulado tendrá efectos importantes para la ciudadanía, pero reconoció que es un “proyecto técnicamente complejo”.
Mi sugerencia, dijo, “es que se escuche la opinión de distintos actores, se convoque a economistas, expertos en la materia, en libre competencia; es bueno que la FNE participe en la discusión”. Y así -recalcó- “poder asegurarnos que logramos los propósitos que queremos”.
Por otra parte, la autoridad sostuvo que “la conversación respecto de qué roles empresariales deben o no cumplir los municipios, no la debemos tener a cuenta gotas”. Y agregó: “Es una discusión que podemos tener, pero que requiere una discusión más amplia respecto de qué ámbitos empresariales tiene sentido o no que entren los municipios”. Esto también lo ha abordado con el Ministerio del Interior en conversaciones preliminares.
Sobre la viabilidad técnica y operativa de la desintegración, indicó que “es perfectamente posible hacer”. “Hay que dar un plazo transitorio de al menos 18 meses como establece la ley para que se ejecute, pero los eslabones de la cadena de distribución son suficientemente claro para hacer esa desintegración de buena manera”.
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