Aunque dejó la causa en acuerdo, la Tercera Sala de la Corte Suprema envió una señal a las partes y citó a conciliación en el caso que se tramita de Minera Dominga, proyecto que busca producir y exportar hierro desde la región de Coquimbo, que impulsa Andes Iron.
La sala -encabezada por el juez Sergio Muñoz- está analizando reclamaciones que llegaron contra la resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta de abril, que retrotrajo la evaluación del proyecto minero, lo que en definitiva permitió que lograra su permiso ambiental en octubre.
Así, luego de escuchar este lunes y martes los alegatos finales de las partes -empresa, comunidades y organizaciones no gubernamentales-, la Tercera Sala decidió convocar a conciliación para el martes 12 de enero de 2022, a las 13:30 horas.
Aunque la medida se ha aplicado en casos anteriores -como el de Parque Pumpin- no siempre la corte decide citar a estas audiencias, lo que de todos modos va en línea con la doctrina que ha impulsado el juez Muñoz, de incentivar la búsqueda de acuerdos, dado que los casos multidimensionales generalmente tienen más complejidades que los de simplemente aplicar el derecho.
Si esto no prospera, el acuerdo tomado este martes por la sala comenzará a redactarse, donde será el juez Jean Pierre Matus el encargado.
Jornada de alegatos
En dos jornadas de alegatos, el lunes y martes comunidades, organizaciones y la empresa se mostraron a favor y en contra de la iniciativa, especialmente por el efecto que podría tener la construcción de un puerto para exportar el mineral en el medio marino, dada su cercanía con la Reserva Nacional de Pingüinos de Humboldt.
Para intentar solucionar esto, la empresa ha señalado en diversas oportunidades su intención de no tener el puerto, compartiendo infraestructura en la zona.
El martes, el abogado de la empresa Patricio Leyton, fue un poco más allá y aseguró que "no solo estamos abiertos a compartir infraestructura, sino que también a renunciar a la operación del terminal de embarque o bien ceder al Estado de Chile dicha concesión u otras alternativas que puedan surgir, un proceso con miras a compatibilizar la actividad minera con el cuidado del medio ambiente".
"Creemos que debe ser el Estado de Chile quien opere o bien licite un solo puerto", recalcó el abogado, agregando que si así lo estimaba la corte, ellos estaban "disponibles a ceder al Estado de Chile todos los permisos referidos al puerto con el fin de viabilizar su ejecución".
Esto se contrarrestó con la presentación de las organizaciones que están en contra de la iniciativa, que el lunes cuestionaron aspectos como la línea base marina de la iniciativa.
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