Respondiendo a Andes Iron y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la organización Oceana alegó ayer ante el Primer Tribunal Ambiental en el marco de la revisión que está realizando la instancia de la calidad ambiental del proyecto minero-portuario Dominga, tras la orden de la Corte Suprema.
En el segundo día de presentaciones, el abogado de la organización, Ezio Costa, aseguró que se ha podido evidenciar cómo las presiones han ido cambiando las posturas del SEA.
“Los personeros políticos de este gobierno están a favor del proyecto. Y por lo mismo solo puedo imaginarme las presiones que tienen que haber habido dentro del SEA para que el alegato de ayer fuera ojalá lo más favorable posible a la minera y agradezco que la responsabilidad de los funcionarios haya llevado a tener un alegato que era neutral”, indicó.
Y agregó: “Nos toca litigar contra el SEA muchas veces y defiende apasionadamente sus resoluciones cuando se trata también de defender las aprobaciones de proyecto, y ayer no pudo hacerlo y simplemente se dedicó a mostrar qué es lo que había sucedido en el procedimiento”.
Costa sostuvo que parte de lo que se escuchó en el primer día de alegatos buscaba convencer que Dominga es un buena iniciativa. Por ejemplo, explicó, se habló de un plan regulador aprobado en 2019 cuando el proyecto fue rechazado el 2017, por lo que el Comité de Ministros jamás pudo haber tenido a la vista este elemento.
Además, abordó la propuesta de Andes Iron de estar disponible a no construir su puerto, siempre que el proyecto Cruz Grande de CAP haga el suyo. “Se intentó convencer que hay una nueva visión del proyecto. Esto es algo que no tiene ninguna relación con la resolución que se reclama”, enfatizó.
Se aprueba proyecto de royalty
Un nuevo paso dio el proyecto que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y el litio. Con siete votos a favor y cinco en contra, la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó ayer la iniciativa en particular. Esta fue originada en moción y fija una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos. Según el articulado, se establece que dicha compensación del 3% deberá destinarse a obras de desarrollo en las comunas en donde estén los yacimientos respectivos de donde se saque el material. La propuesta parlamentaria fue aprobada en general en enero en medio de la oposición del gobierno y actores empresariales.
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