Un contundente rechazo tuvo en las organizaciones ambientales la decisión del Primer Tribunal Ambiental de acoger de forma unánime la reclamación en favor del polémico proyecto minero-portuario Dominga de la empresa Andes Iron, implicando que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo deberá realizar una nueva votación.
Alianza Humboldt, red de organizaciones sociales y medioambientales destinadas a proteger el Archipiélago de Humboldt, calificaron el fallo como un "grave retroceso" en materia ambiental y "un revés" para las comunidades locales, la ciencia y la institucionalidad. Además, adelantaron que en los próximos días se espera que sus abogados presenten recursos de casación ante la Corte Suprema buscando revertir el veredicto del Tribunal Ambiental.
Desde Oceana, su directora ejecutiva, Liesbeth van der Meer, afirmó que "no podemos dejar que el desarrollo del país siga cimentándose en el corto plazo, a costa del medio ambiente, es algo contraproducente cuyos efectos ya hemos visto en las zonas de sacrificio, donde el perjuicio es irreversible y ha causado la pérdida de empleos derivados de actividades como la pesca, el turismo y ha dañado a la salud humana producto de la contaminación generada por la industrialización de áreas que fueron altamente productivas". "Hipotecar el futuro de algunas comunidades para privilegiar a otras no es la opción", recalcó.
Al respecto, el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, abogado de Oceana, afirmó que es una decisión lamentable. A su juicio, "pareciera que el Tribunal en lugar de resolver sobre la legalidad del rechazo, hace una apreciación sobre qué decisión habrían tomado puestos en la posición del Comité de Ministros. Pero esa no es su posición ni tampoco lo que debían resolver. En lo importante, el proyecto sigue estando rechazado y la Corte Suprema deberá resolver sobre este juicio".
Mientras, el director de Greenpeace en Chile, Matías Asun, manifestó que lo que ha ocurrido pone de manifiesto un problema estructural, pues "un proyecto rechazado dos veces por ser técnica y ambientalmente nefasto siga a flote, luego de una campaña millonaria de presión y lavado de imagen".
Pone además, realizó un llamado "al gobierno de Sebastián Piñera a decidir sobre el proyecto de un conocido cercano al Presidente para optar si quieren preservar o destruir la riqueza ambiental y social de esas costas".
Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades de la zona, agregó que "es lamentable que la interpretación que hizo el Tribunal Ambiental del ordenamiento jurídico ambiental no se haga cargo de la magnitud del impacto que podría generar Dominga, de llevarse a cabo, ni de la capacidad de regeneración de la naturaleza frente a tal mega impacto".
"Es además gravísimo porque desobedece lo ordenado por la Corte Suprema anteriormente, y por ese motivo lo que corresponde es recurrir ante ella para que defina si esta sentencia, que se desentiende de la orden del tribunal superior, se ajusta o no a Derecho", aseguró.
El asesor ejecutivo de Mission Blue, Max Bello, recalcó: "En innumerables ocasiones, destacados científicos han señalado que el Archipiélago Humboldt debe protegerse y que cualquier accidente que ocurra en el lugar provocaría un daño irreversible".
Según explicó Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, "es urgente un ordenamiento de la zona costera y establecer áreas en las cuales no se puede ni debe intervenir con proyectos contaminantes, industrias extractivas, mega puertos u otras actividades que amenazan valiosos ecosistemas que deben permanecer sanos para paliar los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo".
Desde Alianza Humboldt concordaron en que este fallo da cuenta de las debilidades que presenta la institucionalidad ambiental en Chile, considerando que la Corte Suprema ya había ordenado al Tribunal Ambiental de Antofagasta fallar respecto de lo técnico y lo ambiental, algo que finalmente no ocurrió.
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