Un pago por parte de las empresas para ingresar a trámite ambiental sus proyectos, es una de las propuestas contenidas en el documento "Minería: Una plataforma para el futuro", que fue impulsado por el gobierno a través del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) junto con una serie de actores de la industria.
La medida se plantea como una opción a estudiar en el marco del objetivo de fortalecer la capacidad y legitimidad de la institucionalidad ambiental para la minería. En esta lógica, dice el documento, se plantea esta tarifa asumiendo que el Estado no tiene las capacidades ni la infraestructura y considerando que estos recursos financien el incremento en las capacidades de análisis y fiscalización de los proyectos de inversión vinculados con la normativa social y ambiental.
Además, para fortalecer la institucionalidad y disminuir la discrecionalidad, se estima que el sistema debería avanzar hacia normativas y referencias por sector productivo.
"Aspiramos a un modelo donde los procesos de otorgamiento de permisos ambientales se basen en verificar que los nuevos proyectos incorporan las mejores técnicas de control disponibles", dice el texto que alude a que la gran cantidad de Resoluciones de Calificación Ambiental vigentes, dificultan o imposibilitan su fiscalización.
Corto y largo plazo
El documento de casi 80 páginas, establece medidas inmediatas y de largo plazo para viabilizar el desarrollo minero a 2035, especialmente en la zona central del país.
Además de fortalecer la institucionalidad ambiental, se establecen medidas que apuntan a temas como visibilizar el pago de impuestos que hace la minería en las zonas donde opera e instaurar nuevos mecanismos de consulta indígena para cada uno de los pueblos indígenas.
Además, se crearán organismos público-privados que ayuden a monitorear los avances.
El presidente de Antofagasta plc, Jean-Paul Luksic, señaló que el trabajo realizado "me parece que ha sido una gran iniciativa y que, por suerte, un grupo muy diverso pudo sentarse y limar las diferencias que había. Se logró un documento que debiera ser muy útil para Chile".
Bernardo Larraín, presidente de Colbún, dijo que este documento tiene el valor de poner en la misma mesa a distintos actores.
Otras medidas
El documento establece también que en productividad, se creará un organismo técnico que monitoreará la situación y propondrá medidas específicas.
En consulta indígena, se propone mejorar el marco normativo actual, generando instrumentos específicos para cada uno de los pueblos.
También se pretende incentivar la minería. Primero con más información geológica, pero además con un pago de patentes mineras progresivas para fomentar su exploración efectiva.
En comunidades, se abre la puerta a la asociatividad, donde se intentará aprovechar el proyecto de ley que está impulsando el Ministerio de Energía. También se buscará avanzar en que mayor parte de los impuestos de mineras queden en las zonas donde éstas producen.
Compromisos inmediatos
- Completar el desarrollo de la institucionalidad ambiental.
- Impulsar un diálogo entre distintos actores para tener una visión compartida en minería.
- Financiar I+D entre firmas mineras y proveedores.
- Ampliar y potenciar el programa de proveedores de clase mundial.
- Crear una institución técnica que monitoree y analice la productividad en la minería.
- Mejorar el marco de aplicación de la consulta indígena.
- Dar más liquidez al mercado de la propiedad minera, fortaleciendo la disponibilidad de información geológica.
- Elaborar estándares de conducta para todos los actores de la minería en temas laborales, productivos, sociales y ambientales.
- Contar con más investigadores en ámbitos mineros. Hoy son 300 profesionales y la idea es llegar a unos 600 en cinco años.
- Elaborar estudios para determinar los requerimientos -tanto de generación como de transmisión- de la minería.
Gonzalo Rivas, presidente del CNID: "Para que la minería tenga futuro, hay que construir confianza"
El presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), Gonzalo Rivas, dice que esta hoja de ruta tiene medidas comprometidas por el gobierno y las empresas.
-¿Por qué era importante que el gobierno tomara este tema?
-Cuando asumimos, en el consejo vimos que en minería se podría generar un acuerdo de todos los sectores políticos, respecto de tener un foco de desarrollo para usarla como plataforma de crecimiento. En eso estábamos cuando surgió el documento del presidente Lagos, que lo vimos como un avance. Pero, para utilizar a la minería como plataforma, ella tiene que existir y el punto está en que los desafíos que tiene la industria son enormes.
-Con estos cambios, ¿se viabiliza la minería en zonas complejas, como la central?
-Eso es parte de los desafíos. Acá hay varios temas. La minería del cobre es crucial para el desarrollo del país, pero necesitamos que se desarrolle bajo ciertas condiciones y en el mundo se ve que se puede combinar la actividad con mayores niveles de sustentabilidad. Esto es un proceso y el documento establece que estamos en una etapa de aprendizaje.
-¿Qué pasa con las confianzas? Varias de las medidas apuntan a generarlas...
-La confianza es fundamental. Para que este tipo de actividades, y en especial la minería, tengan un futuro, hay que ir reconstruyendo las confianzas entre quienes desarrollan la actividad con los actores y entornos donde se desarrollan. En este documento, nosotros decimos 'que queremos un tipo de desarrollo minero', entonces pongámonos de acuerdo en las condiciones y la minería tendrá que respetarlas.
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