Ayer, comunidades Diaguitas recurrieron a la Corte Suprema para revertir el rechazo que sufrieron en la Corte de Apelaciones de Copiapó que consignó que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero El Morro, de la firma canadiense Gold-corp, se realizó de acuerdo a la ley y respetando la normativa vigente, incluyendo el proceso de consulta indígena establecido por el Convenio 169 de la OIT.
Las catorce comunidades, que quedaron excluidas del proceso de consulta indígena, argumentaron discriminación por parte del Estado en el escrito presentado al máximo tribunal.
Según explicó, Lorenzo Soto, abogado que representa a las comunidades aledañas al proyecto de la Región de Atacama, el Estado debe asumir un rol activo para incentivar e informar a las comunidades sobre los proyectos y sus efectos, durante el proceso de consulta indígena; condición que, su juicio, no se cumplió, excluyendo a numerosas comunidades de la zona.
“No basta con la mera oportunidad de consultar a las comunidades, sino que debe explicarles de qué se trata este proceso y el llamado a consulta por parte del Estado no fue suficiente”, explicó.
Soto precisó que la convocatoria de participación se realizó en el Diario Oficial, pero dichas comunidades muchas veces no cuentan ni con acceso teléfonico, por lo que se debió hacer un esfuerzo mayor para la convocatoria a la consulta.
Por ello, recurrieron a la Corte Suprema argumentando discriminación por parte del Estado y, a su vez, buscar revertir la percepción de que estas comunidades no están siendo afectadas por el proyecto, cuya inversión alcanza los
US$ 4.000 millones.
“Aquí se está pasando a llevar el concepto de territorio indígena y se está desconociendo la propia existencia de las comunidades de pueblos altiplánicos Diaguitas por parte del Estado y el impacto que tiene este proyecto en estas comunidades”, aseguró.
El abogado expresó su confianza en que la Corte de Suprema acoja el reclamo y se revierta la opinión de que estas comunidades no serán afectadas por el proyecto aurífero. Al respecto, precisó que el impacto es significativo ya que “afecta las aguas y las cuencas, todo el río y el patrimonio arqueológico”, aclaró.
Aseguró que de no prosperar esta iniciativa, no descartan acudir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hacer cumplir el rol del Estado en la defensa y protección de estos grupos indígenas.
Se ajusta a exigencias
La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó los argumentos presentados por estas comunidades, señalando que dichas agrupaciones no se verán afectadas por el proyecto de Goldcorp.
Esto después que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio por cumplida la exigencia de Consulta Indígena al incluir en el proceso sólo a la Comunidad Agrícola Diaguita de Los Huascoaltinos (CADH) y no a otros grupos.
Soto criticó la falta de diálogo de la empresa canadiense y aseguró que al negarle la calidad de indígena a estas comunidades, está comprometiendo la responsabilidad del Estado también.
“Goldcorp ha decidido ir en contra de las comunidades Diaguitas, cuando debería reconocerlas y ampararlas como lo hace en su país de origen. No ha querido entender como se hacen las cosas, siendo un aliciente mayor para que ellos rechacen de plano este proyecto”, sostuvo Soto.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
