En estudio continuará una causa abierta por comunidades de Caimanes que intentan invalidar ante el Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta el permiso ambiental logrado para el proyecto Infraestructura Complementaria (INCO) de Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals, que involucra recursos por US$ 1.300 millones y está en pleno desarrollo.
Este grupo de vecinos reclamaron contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) porque -a su juicio- no fueron considerados en el proceso de participación ciudadana, según explicó el abogado Héctor Marambio, representante de Álvaro Castro y otras 43 personas, que alegan haber sido excluidos del proceso de participación ciudadana exigido en el procedimiento.
En la instancia, el abogado señaló que se efectuaron diversas actividades, pero ninguna de ellas en Caimanes y ningún poblador de ese lugar participó en alguna de las iniciativas que realizó la empresa en Salamanca, Illapel y Los Vilos.
Los dichos fueron rebatidos por la contraparte. El abogado del SEA, Carlos Espinoza, afirmó que el servicio efectuó todas las acciones que exige la participación ciudadana. "Tuvieron la posibilidad de intervenir, participar y reclamar en los procesos de participación ciudadana", aseguró Espinoza, agregando que a las actividades fueron invitadas diversas organizaciones sociales y habitantes de la localidad.
En tanto, el abogado de la empresa, Javier Vergara, que actúa como tercero coadyuvante del reclamado, explicó las obras que contempla el proyecto y recalcó que en ningún caso este tiene que ver con la ampliación del tranque. Aseguró, que el proceso de participación ciudadana fue "impecable", ya que "la evaluación ambiental fue rigurosa, definió claramente los impactos y definió un proceso de participación que se cumplió a cabalidad".
Vergara sostuvo que este proceso se ajustó a la ley en todas sus partes y detalló cada una de las actividades organizadas por la empresa. "No se excluyó a nadie, no hacer una casa abierta en Caimanes no significa que no tengan derecho a participar. Tienen todo el derecho a participar, pero no lo hicieron (...) El proceso de participación se ajustó a la ley en todas sus partes", dijo, enfatizando que el proyecto INCO no afecta a Caimanes.
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