Una contundente multa, que se convirtió en la segunda más alta que haya aplicado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), recibió ayer la mina Caserones, ligada al joint venture japonés Lumina Copper.
El organismo fiscalizador aplicó una multa de cerca de US$ 12 millones (14.745 Unidades Tributarias Anuales), por una serie de incumplimientos asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del río Copiapó, la construcción de varios tramos de la línea de transmisión que provee de energía al proyecto, siguiendo un trazado distinto al autorizado.
A ello sumó la operación y puesta en marcha de la faena, sin haber validado previamente los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones, asociados a los depósitos de lixiviación y lastre, entre otros temas, dijo el organismo.
Así, se determinaron 17 infracciones en las distintas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de la minera que opera en la alta cordillera de Atacama. Ocho de ellas fueron calificadas como graves y las nueve restantes como leves.
La SMA informó que para llegar a esta sanción, en 2013 se realizaron actividades de inspección por parte del Sernageomin, la Conaf, el SAG y la seremi de Salud, entre otros organismos de la región.
Puesta en marcha
Uno de los temas más sensibles en la resolución, es que la empresa, donde participan las niponas Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co (22,63%), tenía una prohibición en su RCA, "que disponía que en tanto no se validaran previamente los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación, lastre y otras instalaciones susceptibles de contaminar las aguas subterráneas de la zona, el proyecto no podía operar".
Es por esto que la SMA estableció medidas de control adicionales, como monitoreos semanales y que Caserones presente un cronograma para el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Dirección General de Aguas (DGA), para la validación completa de los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones.
El superintendente Cristián Franz señaló que el país necesita de iniciativas de inversión para crecer y desarrollarse, pero los titulares deben ser muy rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
"La superintendencia está empeñada en elevar el bajo nivel de cumplimiento de la normativa ambiental que hoy por hoy exhibe nuestro país y por eso la fiscalización está aumentando considerablemente", dijo.
Esta es la segunda multa más alta que haya aplicado la SMA, después de Pascua-Lama, sanción que el organismo está revisando.
Si la empresa decide no acudir al Tribunal Ambiental y cancela la multa antes de cinco días hábiles, tendrá un beneficio correspondiente al 25% del valor total.
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