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REGÍSTRATE AQUÍLa acción fue presentada parlamentarios y la Corporación Patagónica.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 7 de julio de 2011 a las 05:00 hrs.
Opositores y parlamentarios presentaron ante el Séptimo Tribunal de garantía de Santiago una nueva acción judicial contra HidroAysén, esta vez dirigida al vicepresidente ejecutivo de la compañía, Daniel Fernández.
La acción judicial se fundamenta, según el abogado Marcelo Castillo, representante de la Corporación Patagónica, en que Fernández habría entregado información falsa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Según la información proporcionada por los querellantes y en la cual fundamentan la acción judicial -entre los que se cuenta al senador Antonio Horvath (RN) y al diputado Enrique Acorssi (PPD)-, todo parte en agosto de 2010, en el contexto del proceso seguido ante el TDLC en contra de HidroAysén, luego que Endesa le endosara los derechos de agua obtenidos el año 1990 para que ejecutara el proyecto en la Región de Aysén.
A esto se suma que el 30 de julio de 2010, el gerente general de Endesa, Joaquín Galindo, envió a Fernández una carta donde la firma desistía de reclamar frente a las solicitudes de HidroAysén sobre los derechos de aguas que le habían sido otorgados en 1990. Por ellos, los querellantes sostienen que con la determinación de Endesa “se reunían las dos autorizaciones entregadas por la Dirección de Aguas (DGA), consiguiendo la cantidad de metros cúbicos necesarios para que las polémicas represas puedan funcionar”.
Castillo aseguró que presentaron la querella “por los delitos de perjurio y de presentación de medio de prueba falso al TDLC, todo ello porque Daniel Fernández cuando declaró en el Tribunal no dijo la verdad”.
Por su parte, José Tomás Errázuriz, abogado de HidroAysén indicó que, “claramente, como ha ocurrido con otros recursos legales presentados por los detractores de HidroAysén, esta querella se basa en argumentos completamente falsos, lo cual quedará demostrado ante los tribunales de justicia”.
El jurista agregó que “esto forma parte de la estrategia de judicialización que han anunciado los opositores al proyecto, por lo que nos reservamos el derecho de iniciar futuras acciones legales en el momento que estimemos conveniente”.
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