Con incertidumbre frente a las cuotas de 2015 están en el sector pesquero.
Las cuotas de cada pesquería se fijarán por los comités científicos a mediados de diciembre, tal como lo establece la ley. Sin embargo, las expectativas no son claras, dado que los comités, que deciden dónde y cuándo extraer cada pesquería, se conformaron recién este año y aún no formulan planes de manejo.
En el marco del seminario "Hacia la recuperación de la actividad pesquera", organizado por la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), y la Universidad Andrés Bello en Concepción, Ciro Oyarzún, quien preside uno de los comités científicos, acusó que ministros y subsecretarios de pesca han presionado a las entidades para establecer cuotas.
Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca, señaló que la decisión de los comités científicos respecto de las cuotas se debe respetar. "Hay que avanzar en implementar la ley completa. Faltan los planes de manejo, pero los comités científicos tendrán que momentáneamente considerar las cuotas con los elementos que tengan", dijo.
Respecto a las cantidades para 2015, Bacigalupo estima que, en el caso del jurel, llegaría a unas 300 mil toneladas, mientras que en los recursos pelágicos se mantendría estable.
El presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, sostuvo que los comités demorarán al menos una año en tener listos los planes de manejo, y que se deber avanzar en fijar criterios para mantener la pesquería de forma sustentable.
Pesca ilegal
Actores de la industria mostraron su preocupación por la pesca ilegal, que en el caso de la merluza alcanzaría las 50 mil toneladas anuales, y enfatizaron que el recurso podría desaparecer. "La merluza no se fiscaliza por falta de recursos del Sernapesca. Si esto no se soluciona, el recurso podría colapsar, y desaparecería también un sector económico", afirmó Jan Stengel, presidente de Pacific Blue.
José Miguel Burgos, director de Sernapesca, indicó que aplicarán nuevas medidas a partir de 2015 para controlar la pesca ilegal, como fiscalización de lanchas vía satélite, aunque reconoció que la autoridad no tendría facultades para instalar este tipo de dispositivos en las embarcaciones menores a 12 metros de eslora, que son justamente las que concentran la mayor parte de esta actividad ilegal.
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