En la mira de la industria de centros comerciales está el poner el freno a los delitos que están ocurriendo en algunas de sus plazas.
En marzo, la Cámara Chilena de Centros Comerciales reactivó una mesa público-privada que se mantenía congelada desde el gobierno de Michelle Bachelet, que busca atender este problema a través de mayores estándares de seguridad.
La presidenta del gremio, Katia Trusich, explica que si bien en número estos hechos son bajos -dentro del universo de 750 millones de visitas que recibe al año la industria-, reconoce que la violencia con la que suceden ha ido en escala. Es así que la mesa -que ya cumple dos sesiones oficiales- ha delineado los primeros puntos a atacar.
El más clave, dice Trusich, consiste en modificar el decreto N° 1814, que permitió hace unos años que el abastecimiento de dinero a través de camiones de valores se realizara de noche, pero también a plena luz del día, en momentos que los centros comerciales reciben más visitas. “Eso nos parece que es un riesgo innecesario”, explica la líder gremial.
Entre los participantes de la mesa, se encuentran el Ministerio del Interior, Carabineros, PDI, el Ministerio Público y el Comité de Seguridad de la Cámara de Centros Comerciales.
En las reuniones, Trusich explica que el Ejecutivo se ha abierto a modificar el decreto: “Lo están evaluando, tienen informes legales al respecto, y esperamos pronto tener noticias de su decisión”.
Agrega que “se les entregó un informe en derecho que explica cómo se debiera hacer esto, de manera que eso lo tiene el ministerio y es perfectamente viable de sacar adelante”.
Pero este es solo uno de los lineamientos. Otro flanco se encuentra en emplazar a las tiendas que no entran en la categoría de “anclas” -término con que se define a un locatario de gran superficie-, pero que tienen en sus vitrinas productos de alto valor, a cumplir obligatoriamente estándares mínimos de seguridad a través de mayores inversiones.
Trusich dice que se busca ampliar la calificación de entidad obligada no solo a las tiendas comerciales que manejan más de UF 500 (unos $ 13,8 millones) en caja -principalmente tiendas anclas-, sino que “se extienda a aquellas que no teniendo caja propiamente tal, tienen en la tienda especies que valen más de UF 500 en conjunto”.
Respecto de la calificación de entidad obligada, también se hizo un informe en derecho que indica la viabilidad de aplicarlo.
Otros de los mecanismos para atacar la delincuencia se encuentra en una mejor coordinación con Carabineros, y que la mesa se constituya en regiones clave como Valparaíso y Biobío.
Trusich sostiene que si bien la mesa no contempla plazos establecidos, apuntan a que las mejoras se implementen lo antes posible.
La pelea de Cencosud por los cajeros
Justamente la responsabilidad de los operadores de malls en la seguridad de sus activos está enfrentando al gobierno con la filial de centros comerciales del grupo Cencosud.
La firma presentó una reclamación judicial ante la Corte de Apelaciones de San Miguel luego de que se rechazara su reclamo contra el decreto que le designó como "entidad obligada" respecto del Mall Portal El Llano en San Miguel -y otros activos en La Reina, Temuco y La Dehesa-, sin argumentarse a su criterio la caracterización, que le emplaza a indicar medidas de seguridad concretas.
Para Cencosud, entrar en esta categoría no corresponde, pues no mantiene en sus activos una caja de más de UF 500, que es parte de los requisitos.
Explicó que en ese mall en particular no se recauda efectivo y los contratos con sus locatarios se hacen por transferencia electrónica. Por lo demás, descarta los argumentos del Fisco, que sostiene que el operador sí supera dicho monto a través de la recaudación de las tiendas y los cajeros automáticos.
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