Walmart Chile se desistió de los seis recursos de protección presentados en contra del Estado de Chile, al que había acusado de incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública. "La omisión arbitraria e ilegal cometida infringe gravemente el derecho de propiedad", dijo la empresa dueña de los supermercados Lider en sus acciones iniciadas a mediados de noviembre, luego de que varios de sus locales fueran saqueados y otros quemados.
En los recursos, la empresa había solicitado la protección por parte de Carabineros de 76 supermercados: 6 en Chillán, 16 en Temuco, 29 en Concepción, 8 en Valdivia, 16 en Puerto Montt y uno en Arica.
Pero tras los duros cuestionamientos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representa al Fisco en estos procesos, la empresa supermercadista informó ayer sábado que se desistió de cada uno de los recursos de protección presentados ante las cortes de Apelaciones de Valdivia, Puerto Montt, Arica, Concepción, Chillán y Temuco.
En sus escritos, la empresa dijo que los hechos acaecidos en Chile desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, "han dado expresión a un gran número de demandas ciudadanas que derivaron en movilizaciones que permitieron a algunos ciudadanos aprovecharse de la legitimidad y masividad de dichas demandas para llevar a cabo actos delictuales".
Frente a estos hechos, sostuvo que "la fuerza policial se vio enteramente sobrepasada por quienes cometieron delitos, tanto por lo sorpresivo como por lo masivo de las manifestaciones, y por la violencia ejercida contra personas y bienes".
Dentro de este contexto, dijo que el llamado a movilización nacional el pasado 14 de noviembre produjo especial preocupación en Walmart Chile respecto de sus trabajadores, clientes y supermercados. "Afortunadamente, Walmart Chile no tuvo que lamentar incidentes relacionados con la movilización anteriormente mencionada, en aquellos locales cuya protección se solicitaba", dijo la compañía.
Y añadió: "Walmart manifiesta que su interés es que se le garantice el legítimo ejercicio de la actividad económica, la fuente laboral y la cadena de abastecimiento. Para tal efecto las autoridades encargadas del orden y la seguridad de las personas tienen el deber de ejecutar sus competencias para mantener dicho orden público de conformidad a la ley".
La semana pasada, el CDE entregó algunos de los informes solicitados por las cortes como parte de los recursos iniciados por la empresa supermercadista. "En el actual contexto de acontecimientos, es una muestra de escasa empatía nacional del holding Walmart solicitar, por la vía judicial, cierta preferencia en la protección policial de sus locales comerciales", dijo el CDE en dos informes presentados en las Cortes de Apelaciones de Valdivia y Puerto Montt. El CDE dijo que Walmart solicita "un trato excepcional" con respecto a las miles de empresas y personas que se han visto perjudicadas económicamente por los actuales sucesos.
"Sólo la ausencia de un análisis del contexto global en que nos encontramos actualmente inmersos, puede permitirle a la recurrente argumentar que los tremendos esfuerzos que ya realiza el Estado de Chile y las fuerzas policiales para proteger sus locales comerciales no es suficiente, y que la falta de esa mayor protección que ella espera le genera una infracción al ejercicio de su actividad económica", dijo el consejo.
Insistió en que "es improcedente" que Walmart solicite, en el actual contexto, una protección preferente a sus centros comerciales. "La decisión sobre distribución y destinación de servicios policiales contiene una medida de fuerte componente técnico y alto carácter contingente", dijo el CDE.
Añadió que –"en un periodo completamente excepcional en lo referido a necesidades policiales como el actual", dijo-, la decisión sobre distribución y destinación del contingente policial contiene una medida de fuerte componente técnico y de alto carácter contingente, que exige compatibilizar múltiples variables, endógenas y exógenas a la autoridad administrativa, que obliga a la adopción de decisiones en coordinación con distintas autoridades nacionales, regionales y provinciales, y valorando múltiples necesidades y recursos disponibles. Junto a esto, el CDE planteó el posible objetivo que podría tener la principal cadena de supermercados del mundo y de Chile con los recursos de protección presentados.
"Es ineficaz una acción cuyo único objeto es declarar las mismas competencias y deberes que las autoridades administrativas poseen ya de la legislación vigente. Peticiones de este tipo pueden encubrir la pretensión de buscar el acogimiento simple de la acción interpuesta, para utilizar luego una sentencia estimatoria como base para un posterior juicio declarativo", sostuvo el consejo en sus informes entregados a la justicia.
Abogados de la plaza explican que un juicio declarativo podría ser una demanda de Walmart en contra del Estado de Chile, en la que solicite una indemnización por los locales dañados.
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