La existencia de “desafíos significativos en la eficiencia del uso de los recursos y en la protección financiera de los pacientes” fue el diagnóstico de un estudio realizado en conjunto por la Pontificia Universidad Católica y la Cámara de la Innovación Farmacéutica.
El informe -llevado a cabo por los académicos Benjamín Ahumada, Pablo Celhay y Francisco León- tiene como una de sus principales conclusiones que si bien el gasto en salud de Chile ha observado un crecimiento significativo, superando el 10% del PIB en 2022 (desde un 7,8% en 2014), eso no ha conllevado una reducción del gasto de bolsillo de las personas.
Este último sigue representando un 34,7% de los gastos en salud y, específicamente en cuanto a medicamentos, la cifra se eleva a un 62%, quedando como una de las más altas dentro de los países de la OCDE.
En Chile, apunta el informe, solo un 26% del gasto en medicamentos proviene de financiamiento público (que se desglosa en un 17% de aporte estatal y un 9% que viene de seguridad social pública) y un 9% de seguros privados, lo que se traduce en una mayor carga financiera para los pacientes.
La vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, Mariela Formas, aludió a que esa cifra se contrasta con países como Portugal y España, en que el financiamiento público se eleva a 64% y 80%, respectivamente: "Es urgente implementar medidas que aumenten las coberturas en medicamentos y la eficiencia del gasto público, como la redistribución de mayores fondos para coberturas como el GES y la Ley Ricarte Soto (LRS), así como medidas de eficiencia como la implementación de acuerdos de riesgo compartido. Solo así tendremos un sistema de salud con mayor equidad y sostenibilidad".
Así, el estudio defiende la idea de que, si bien avances como la cobertura GES y la LRS son avances significativos, aún son insuficientes para disminuir el gasto de bolsillo de manera sustancial.
Recomendaciones y protección financiera
El informe arrojó como resultado que, a pesar de que el gasto en salud aumenta, la estructura del gasto público no cambia, manteniéndose en niveles de entre un 12% y un 13% del total de los fondos destinados a medicamentos. La mayor parte del gasto público en medicamentos (68%) se destina a los servicios de salud en niveles secundarios y terciarios, seguido por la LRS (13%), las municipalidades (12%) y el Programa Nacional de Inmunización (7%).
Considerando el alto gasto de bolsillo, los académicos argumentaron que ese desglose “evidencia la necesidad de una gestión más equitativa y eficiente de los recursos destinados a medicamentos (...) Esta alta proporción de gasto de bolsillo refleja una falta de protección financiera adecuada para los pacientes, lo que dificulta el acceso a tratamientos esenciales”.
Así, el informe postula que países como España, Holanda y Portugal han conseguido mantener el gasto de bolsillo en medicamentos por debajo del 31%. En tanto, añade que "en América Latina, aunque Chile destina un mayor monto a medicamentos, el porcentaje financiado directamente por los hogares es similar al de países como México, donde el gasto de bolsillo alcanza un 75%.".
Con todo lo anterior, el análisis de los especialistas planteó ciertas recomendaciones, que están orientadas a un reenfoque de la políticas públicas hacia una mejora de la equidad y la sostenibilidad del gasto público en salud, con un énfasis especial en la reducción del gasto de bolsillo y la optimización del gasto en medicamentos.
El coautor y académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Benjamín Ahumada., sintetizó que "lo que demuestra este estudio es que, durante los últimos diez años, las políticas públicas no han logrado reducir el gasto de bolsillo en medicamentos. Optimizar la gestión del gasto en medicamentos es fundamental: lograr una eficiencia del 5%, de acuerdo a lo que muestra este estudio, permitiría liberar aproximadamente $50.000 millones para incorporar terapias genéticas o innovadoras”.
El investigador agregó que “un mejor ordenamiento y trazabilidad en la compra y prescripción en los establecimientos de salud, junto con la implementación de mecanismos de protección financiera, serían clave para disminuir este problema".
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