La aprobación de la ley corta en el Congreso no acabó con la crisis de las isapres. Las aseguradoras abiertas registraron pérdidas récord para los primeros seis meses del año, por un total de $ 81.300 millones. Además, con las alzas en los precios de los planes y los momentos de contracción económica en el país, se ha dado una fuga masiva de sus usuarios a Fonasa, que sigue sin detenerse.
Recientemente, la Superintendencia actualizó los datos de la cartera del sistema privado a julio de 2024. Ese mes, las aseguradoras perdieron casi 10 mil beneficiarios (suma de cotizantes y cargas) más, cayendo a 2.611.744; tres años atrás, tenían casi 634 mil afiliados más.
Y para las isapres, esto no solo se ha traducido en frágiles estados financieros, sino que también en achicarse como empresas.
Desvinculaciones
Las aseguradoras han estado ajustándose con fuerza durante la crisis, de acuerdo a distintos juicios laborales revisados por DF.
La Isapre Banmédica resumió la situación en una carta de despido, en la que argumentó que se “ha hecho necesario que la empresa adopte distintas e importantes medidas de racionalización, ajustes y reorganización en su estructura de trabajo en las distintas áreas”.
En ese mismo documento, con fecha febrero de este año, reveló que desde 2021 había disminuido su dotación en más de 500 personas “sin reemplazo de su cargo, continuándose en el año presente a un ritmo también apreciable, sobrepasándose las 200 personas que han dejado de pertenecer sin reemplazo de su cargo, ya meses atrás”.
Las demás isapres han actuado en la misma línea.
En contestación a una demanda laboral, Colmena señaló que solo entre enero de 2022 y marzo de 2024 desvinculó a 660 personas para paliar su difícil situación económica.
Consalud, en abril de 2024, envió cartas desvinculando a más de 140 trabajadores. En ellas, señaló que su dotación en marzo de 2020 alcanzaba los 2.254 empleados, y que ahora se había reducido a menos de 1.500. Ese mes, despidió a administrativos, analistas, ejecutivos de cobranzas, ejecutivos de servicio al cliente, cargos de jefatura y supervisores.
Nueva Masvida, en mayo, manifestó que se encuentra en un “proceso de racionalización económica, funcional y de reestructuración de la compañía, que abarca en general a toda la empresa” y que, dentro de esto, se determinó que la dotación de personal y estructura de cargas, se encontraba “sobredimensionada para efectos de la marcha de la empresa”.
Golpe comercial
En general, las áreas de ventas han estado entre las más afectadas. De acuerdo a los resultados de las isapres a junio, en el primer semestre los gastos por concepto de remuneraciones y comisiones del personal de ventas cayeron un 18% en el sistema, a $ 64.305 millones.
Cabe recordar, por ejemplo, que a fines de 2022 la Isapre Cruz Blanca ya había eliminado por completo su fuerza de venta.
En los tribunales laborales se observan las estimaciones que algunas aseguradoras tienen sobre el impacto en la industria.
Consalud, por ejemplo, explicó que, en 2023, las ventas de la industria cayeron un 39% versus 2022 y un 53% en comparación a 2021.
En junio, en una carta a un trabajador, Colmena sostuvo que en el periodo 2019-2023, las ventas de la industria presentaron una disminución de un 68% y, en particular en el caso de esta compañía, de un 57%.
Esta isapre, asimismo, en otro escrito judicial, agregó que se ha visto obligada a solicitar el cierre de más de 20 sucursales a la Superintendencia, aunque, a la fecha del documento, solo se había dado la clausura definitiva de cuatro de ellas: Vitacura, San Carlos de Apoquindo, Clínica Alemana de Temuco y Hospital Clínico Universidad Católica.
“El escenario antes referido no mejora con la nueva Ley de Isapres. Si bien otorga mayor certeza jurídica a la industria, impone a Colmena tremendos desafíos para lograr el equilibrio financiero, entre ellos, y por expresa exigencia legal, la propuesta de planes de reducción de costos”, señaló la compañía en un documento legal.
Superintendencia instruye cambios a planes de pago y preocupan nuevas alzas
Las isapres ya han comenzado a adecuar los planes de sus afiliados según lo dictado por la ley corta y los fallos de la Corte Suprema: primero, ajustando al 7% de cotización legal los planes de quienes pagaban menos que eso; y, segundo, actualizando a la tabla de factores única (TFU) en el caso de los contratos pactados después de su entrada en vigencia, en abril de 2020.
En paralelo, las empresas ya presentaron sus planes para hacer devoluciones masivas a los afiliados (por cobros en exceso respecto a la TFU), que además incluyen propuestas de contención de costos y de una prima extraordinaria para cubrir la caída en los ingresos.
No obstante, la Superintendencia de Salud instruyó a las seis isapres afectadas por el fallo por tabla de factores realizar cambios en sus propuestas.
En el sector se teme que, con una nueva alza en los planes, se profundice la migración a Fonasa. “Uno de los desafíos que tienen las isapres es que sus primas no sean lo suficientemente altas como para generar una salida de cartera. Eso es parte de una decisión ya comercial que las propias isapres deben tomar y ver de qué forma se ajustan para que no ocurra eso”, dijo este martes en el Congreso el superintendente Víctor Torres.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
despidos
