La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que inicie un procedimiento para analizar la necesidad de dictar instrucciones de carácter general sobre la negociación y ejecución de convenios entre prestadores médicos e isapres y, en caso de hacerlo, para determinar el ámbito y contenido de tales instrucciones, con miras a promover la libre competencia y evitar conductas contrarias a ella.
En su solicitud, la Fiscalía pide al Tribunal que estas instrucciones, que deberían regir por un plazo inicial de cinco años, obliguen a los médicos a negociar con las isapres abiertas en forma individual los valores que ponen a sus servicios y que sólo en casos excepcionales, como que tengan una integración real y efectiva de sus operaciones, puedan establecer de manera conjunta los precios.
Para la FNE, la dictación de una instrucción de carácter general en este contexto permitirá transmitir a los prestadores médicos que, en línea con la jurisprudencia asentada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Corte Suprema, las negociaciones con terceros deben ser efectuadas de modo totalmente independiente y sin ningún tipo de coordinación con otros prestadores médicos.
En su presentación, la FNE también describe la experiencia nacional e internacional en materia de libre competencia y determinación de aranceles médicos, explica por qué se justifica dictar instrucciones de carácter general y plantea propuestas a considerar en la elaboración de estas directrices por parte del Tribunal.
Balance a nivel nacional
Respecto a la situación nacional, la FNE se refiere en su escrito a los casos en que el TDLC y Corte Suprema han analizado actuaciones coordinadas de los médicos para negociar con las isapres y destaca que, en tales casos, las defensas de los involucrados han argumentado constantemente una supuesta ignorancia sobre lo prescrito por la legislación, o que han actuado de buena fe.
En este sentido, la FNE señaló que la solicitud hecha al TDLC está acorde con la función de promoción de la libre competencia, ya que las instrucciones de carácter general entregarían los lineamientos necesarios para impedir que se produzcan actuaciones anticompetitivas por parte de los médicos, de tal modo de “permitir a sus destinatarios conocer los límites de la legalidad de su actuación a un costo menor del que demanda el estudio de la jurisprudencia”.
El documento señala que “la fijación conjunta de aranceles médicos para el mercado de la salud privada no ha logrado ser subsanada por las experiencias de casos contenciosos y las resoluciones antes reseñadas”, y que es una problemática reiterada y plenamente vigente.
La institución también detalló en su presentación que la fiscalización permanente de las negociaciones que llevan adelante los prestadores médicos con las isapres y su conformidad con el DL 211 no solo involucra altos costos de investigación para la FNE y para los particulares que deben aportar información en el contexto de dichas investigaciones.
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