La esperada sentencia de la Corte Suprema sobre los recursos en contra de la aplicación de las tablas de factores que determinan un porcentaje relevante del precio final de los planes de salud de las isapres, tuvo su desenlace en las últimas horas de ayer con grandes implicancias para la industria.
A lo largo de la jornada se fueron conociendo una serie de fallos de la Tercera Sala -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales y Mario Carroza- que dictaron sentencia en relación a recursos de protección interpuestos en contra de las distintas isapres en rechazo a la vigencia de este mecanismo que, a través de la ponderación de variables como la edad y el número de beneficiarios, establece el precio final de los planes.
La isapre “deberá calcular el precio final de todos los contratos de salud que administre aplicando la Tabla Única de Factores contenida en la Circular IF/N° 343 de la Superintendencia”.
A medida que se fueron conociendo los términos de los diferentes pronunciamientos del máximo tribunal, se establecieron dos consecuencias principales. En el ámbito que las isapres consideran positivo, las sentencias –con voto de minoría del ministro Muñoz- consagraron la vigencia de las tablas de factores en la determinación de los valores de los planes de salud, refutando así el objetivo de los recursos en cuanto a basar los cálculos solo a partir de los ajustes de los planes base, asunto que la propia Corte Suprema zanjó en otro fallo reciente.
Sin embargo, el dictamen de la Tercera Sala en algunos de los fallos conocidos ayer estableció un criterio con fuertes implicancias para la industria: obligará a las isapres a homologar todo el cálculo de su cartera actual al mecanismo establecido en tabla de factores que la Superintendencia de Salud puso en vigor a contar de 2019, producto de una reforma que eliminó las diferencias por género y simplificó la estructura de tramos por edad.
Por este motivo, distintas fuentes legales y ejecutivas de la industria coinciden en evaluar que la sentencia implicará que las aseguradoras de salud privadas deberán devolver el excedente cobrado a los afiliados en aquellos planes cuyas tablas de factores arrojen precios superiores a los que se determinen a partir de la Circular IF/N° 343 del regulador. Aquí el punto clave, señalan, es que la sentencia establecerá dicha obligación para las isapres en relación a toda su cartera.
En efecto, uno de los fallos indica que la isapre respectiva “deberá calcular el precio final de todos los contratos de salud que administre, multiplicando valor del plan base correspondiente por la suma de los factores del grupo familiar, aplicando para ello la Tabla Única de Factores contenida en la Circular IF/N° 343 de la Superintendencia de Salud”.
Desde la industria explican que esta disposición –para cuya implementación mandata a la Superintendencia de Salud en un plazo no superior a seis meses- implicará homologar todos los planes vigentes, sin importar su antigüedad, y cursar las devoluciones de los cobros por encima del cálculo permitido por la Circular IF/N° 343.
Para las isapres, este escenario tendrá graves consecuencias financieras. En los primeros cálculos difundidos ayer, una aseguradora de salud calculó una reducción de ingresos preliminar en niveles de US$ 100 millones una vez que es sistema entre en régimen, a lo cual se suma el efecto específico de las devoluciones con efecto retroactivo. Otras estimaciones cifraron el impacto global a nivel de la industria entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones.
“La vigencia de este nuevo marco implicaría una carga financiera que implicaría que las isapres dejarían de cumplir sus estándares legales obligatorios -patrimonio, liquidez y garantía- en cosa de meses”, señaló un ejecutivo.
Trascendió que ayer los gerentes generales de todas las isapres acordaron pedir una reunión urgente con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para abordar el impacto de este nuevo escenario.
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