Como se preveía, a días del cumplimiento del plazo fatal de aprobación de la ley corta de isapres en el Congreso antes del 12 de mayo próximo -para así cumplir con la entrada en vigor del fallo de la Corte Suprema- la jornada de ayer martes en la Comisión Mixta que tramita la iniciativa tuvo como trasfondo intensas negociaciones con el Gobierno que se iniciaron al mediodía y se extendían al cierre de esta edición.
A tal punto llegó el frenesí, que la sesión programada en la mañana de ayer para votar el articulado, dio paso a un intenso debate -que evidenció las diferencias que subsisten en aspectos clave como el cálculo de la deuda de la industria- y luego a sucesivas rondas de conversaciones reservadas entre parlamentarios y Gobierno. Por ello, la sesión dispuesta para las 18:15 hrs. para votar la normativa, finalmente fue suspendida por una poderosa razón: las negociaciones dieron curso al compromiso del Ejecutivo de presentar nuevas indicaciones al proyecto de ley corta de isapres, las cuales se presentarán hoy miércoles y serán votadas en la Comisión Mixta, indicó su presidente el senador Javier Macaya (UDI).
"En el entendido de que siguen, y van a seguir en las próximas horas, algunas conversaciones con el Ministerio de Salud, con cuyas autoridades estamos reunidos para ver la posible redacción de alguna adecuaciones que se presentarían como indicaciones adicionales a las ya presentadas en las próximas horas”, indicó Macaya.
“Estamos en un punto más cerca de llegar a un acuerdo que permita destrabar la votación de este proyecto de ley”, indicó el diputado Tomás Lagomarsino.
Tras el breve anuncio, el parlamentario indicó que continuarían las conversaciones a puertas cerradas con los representantes del Ejecutivo, que en la jornada de ayer estuvieron encabezados por la ministra de Salud, Ximena Aguilera y el superintendente de Salud, Víctor Torres.
“Podemos decir que durante todas las negociaciones estamos en un punto más cerca de llegar a un acuerdo que permita destrabar la votación de este proyecto de ley. En ese contexto, esperamos que durante las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo finalmente que nos permita hoy día más tarde o mañana en la mañana, estar votando el proyecto de ley corta en la Comisión Mixta, de tal forma de que se pueda citar tanto a la Sala del Senado como de la Cámara el día de mañana para que ratifique el acuerdo votado en la Comisión Mixta”, señaló anoche el diputado Tomás Lagomarsino, integrante de la instancia.
Si bien existía hermetismo respecto del contenido de las indicaciones al cierre de esta edición, trascendió que uno de los puntos que concitó acuerdos entre integrantes de la Comisión Mixta y el Ejecutivo se refiere a los plazos.
En concreto, se indicó que entre los asuntos tratados ayer figuraría una extensión del período de pago de la deuda a los afiliados que intruyó el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, el cual está fijado en general en un lapso de diez años en la redacción actual de la ley corta, que establece plazo menores para personas mayores de 65 años.
Además, fuentes al tanto de las conversaciones relataron que también se ha puesto sobre la mesa el establecimiento de un nuevo periodo para ponderar la vigencia de la tabla de factores, que actualmente va desde abril de 2020 hasta el momento del fallo del máximo tribunal. Al respecto, las versiones indicaron que se podría considerar una propuesta conversada en las últimas semanas que fijaría como nueva fecha a abril de 2021, con lo cual se acortaría en un año el periodo para efectos del cálculo de las devoluciones.
Puntos de discrepancia
Como ha sido la tónica a lo largo de casi un año de tramitación de la ley corta de isapres, el cálculo de la deuda que las aseguradoras de salud deben devolver a los afiliados por instrucción del fallo de la Corte Suprema fue el tema central en la discusión de la iniciativa en la Comisión Mixta.
Es así que la sesión de la mañana de ayer martes programada originalmente para iniciar la votación de los distintos artículos dio paso a un nuevo debate respecto del monto de la deuda –a partir de las últimas estimaciones de la Superintendencia que la situaron en US$ 1.589 millones–, y con claras diferencias de opinión entre los parlamentarios de oposición, que ven en esta cifra un golpe financiero irrecuperable para la industria, y los oficialistas que en su mayoría se oponen a considerar fórmulas que la disminuyan, optando por las medidas de mitigación propuestas por el Ejecutivo.
El inicio de la jornada de ayer se centró en las consultas de los parlamentarios al superintendente Víctor Torres respecto de los cálculos de la deuda con los afiliados, así como el valor de los planes que resulten de la entrada en vigor de la ley corta, buscando dilucidar si implicarán, o no, un mayor costo para las personas.
En una férrea defensa de la metodología utilizada para el cálculo de la deuda, Torres rebatió las propuestas de parlamentarios de oposición en el sentido de considerar la fórmula establecida por un estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) que fija un monto de deuda sustancialmente inferior, y que es la principal alternativa técnica al planteamiento del Ejecutivo que subsiste en el debate tras el rechazo a la mutualización.
“El mecanismo que proponen los académicos de la FEN es mucho más razonable que el mecanismo que propone el Gobierno, en el sentido de que se podría calcular una deuda razonable y se podría mantener la estabilidad tanto prospectiva como retrospectiva. Quisiera saber si efectivamente se ha hecho el cálculo entre ese mecanismo que propone la FEN y el mecanismo alambicado que proponen ustedes como Gobierno”, indicó el senador Sergio Gahona (UDI), quien al respecto fue apoyado por el presidente de la Comisión Mixta, Javier Macaya, quien pidió no descartar esa propuesta.
Por el contrario, el superintendente de Salud, Víctor Torres, cuestionó la fórmula de la FEN, indicando que ese estudio “fue realizado en base a la información de dos isapres, Banmédica y Vida Tres, y luego de eso se hizo una extrapolación al sistema. Pero en ningún momento hemos conocido resultados que se sustenten en la totalidad de la información del sistema. Por lo tanto, aquello no es replicable -a diferencia de nuestro cálculo, que sí es replicable, y por lo tanto técnicamente sí es correcto- lo que hace muy difícil poder decir cuánto podría ser el impacto de manera seria. Además, el otro problema que tienen las premisas que se utilizan en ese estudio, a diferencia de lo que hemos hecho nosotros, es que establece un precio base ficticio”.
Asimismo, el personero remató aseverando que respecto de esa fórmula “no conocemos la memoria de cálculo”.
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