Por seis votos contra cuatro, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger el requerimiento que un grupo de 17 senadores oficialistas presentó en contra de la indicación que incorporaba la mutualización en la ley corta de isapres.
Los senadores habían reclamado ante el TC que, tratándose de una regulación relacionada con la seguridad social, es una materia de iniciativa exclusiva presidencial y, además, de quórum calificado, por lo que hubiese tenido que haber sido aprobada por tres quintos de los parlamentarias en vez de mayoría simple. La mutualización fue incluida en el proyecto de ley corta tras una indicación presentada por parlamentarios de oposición en la Sala del Senado.
El Gobierno, en tanto, había apoyado este requerimiento en contra de dicha indicación, sumándose a la causa este lunes. La mañana de este jueves, se llevaron a cabo los alegatos del proceso.
Con esta decisión del TC, la mutualización queda excluida del proyecto de ley corta, a menos que el Gobierno cambiase de parecer y decidiera incluirla por iniciativa propia en la normativa.
"El Tribunal Constitucional ha acogido y ha respaldado nuestra impugnación para que nunca más nadie, que no sea el gobierno, el Poder Ejecutivo, cualquiera que este sea, disponga de las cotizaciones previsionales en salud. Por lo tanto, esos dos millones ochocientos mil chilenos que están en las cotizaciones, pueden rebajar la deuda a las isapres, como pretendían algunos parlamentarios. Aquí, cuando se trata de las cotizaciones en salud, solo los gobiernos tienen potestad en seguridad social. Con gran satisfacción, podemos decirle a la ciudadanía que ha imperado la justicia, la verdad y la razón”, indicó el senador PS Juan Luis Castro, expresidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.
El parlamentario oficialista sostuvo que “con esta sentencia ya queda desvirtuado en el resto del trámite de la ley corta de isapres, la Cámara de Diputados, o en las comisiones mixtas que vengan, todo debate sobre la mutualización, salvo que el Ejecutivo diga otra cosa, pero que no lo va a decir porque ya hay una posición clara y es que se respetan las deudas contraídas por su cotización de salud, que ascienden a mil cien millones de dólares a devolver mediante esa ley a todas las personas beneficiarias".
Consultado por DF, el senador Sergio Gahona (UDI), uno de los que apoyó la indicación, llamó al Gobierno a tomar este camino "si quiere que el sistema de isapres se pueda mantener con sostenibilidad y viabilidad financiera (...) No hay un pronunciamiento respecto de la mutualización, lo que hay es un pronunciamiento respecto de quién debe presentar la indicación".
Otro senador patrocinante del requerimiento, Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática (RD), reiteró uno de los principales argumento para recurrir ante el TC y es que esta norma es –a su juicio– de iniciativa exclusiva del Presidente por tratarse de materias de seguridad social. Agregó que aclarado este punto, espera que en la tramitación en la Cámara puedan “poner un techo al alza extraordinaria de precios” y que sea despachada antes del 12 de mayo, que es el plazo que puso la Corte Suprema en su última prórroga.
Desde la Cámara Baja, la diputada de Convergencia Social (CS) Gael Yeomans también valoró la resolución del TC, pero fue un paso más allá, manifestando su interés de que este sea el “espíritu que prevalezca” en lo que sigue de la tramitación de la Ley Corta de Salud, pues al igual que Latorre, estima que aún hay contenidos que modificar, como es “el alza de precios en los planes de las y los afiliados”, por lo que su sector estará atento –advirtió– a las indicaciones que presente la oposición.
Aunque admite que se debe respetar la definición del TC, el diputado de la UDI Daniel Lilayu, integrante de la Comisión de Salud de esta Corporación sostiene que “el Gobierno tiene ahora la obligación legal, ética, de entregar a la brevedad una propuesta que permita salvar este sistema de salud en su integridad”.
El mecanismo
El tema de la mutualización -principio por el cual los afiliados de la cartera de un seguro comparten los riesgos de siniestro- había sido una de las principales discusiones en la tramitación de la ley corta. Se estimaba que, mutualizando la deuda, el monto de la misma bajara a unos US$ 451 millones, menos de la mitad de los US$ 1.180 millones que calculó la Superintendencia de Salud en su última simulación.
Cabe señalar que ambos montos podrían haberse elevado con el pasar de los meses que se ha extendido el debate de esta normativa.
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