Los estudios de abogados más poderosos de Estados Unidos se apresuran a proteger sus negocios de la ira de Donald Trump, después de que los intentos de movilizar al sector y luchar al unísono se vieran socavados por la rendición de Paul Weiss ante la una orden ejecutiva del mandatario que podría haber impactado negativamente en sus operaciones comerciales.
La cúpula de los estudios jurídicos estadounidenses se apresuraron el lunes a asegurar a sus principales clientes que la animosidad de la Casa Blanca no afectaría su capacidad para representarlos eficazmente. Sin embargo, firmas de abogados de todos los tamaños manifestaron estar “muertos de miedo” de ser los próximos en la fila, afirmó un abogado senior que había hablado con los principales socios de varios bufetes.
Este lunes Trump afirmó que “todas las grandes firmas... se dieron cuenta de que habían actuado mal” y añadió: “Tienen que comportarse”.
¿La razón?
En las últimas semanas, Trump ha emitido órdenes ejecutivas dirigidas a los estudios de abogados Perkins Coie y Paul Weiss, además de Covington & Burling con sede en Washington. Órdenes donde instruía a las agencias federales a retirar las autorizaciones de seguridad y rescindir los contratos gubernamentales con empresas que hicieran negocios con estos bufetes.
Aunque Paul Weiss gestiona megaoperaciones y litigios complejos, cuenta con una larga trayectoria de apoyo a causas progresistas. Entre sus colaboradores se encuentran exfuncionarios demócratas y es una importante fuente de recaudación de fondos para candidatos presidenciales de dicho espectro.
Pero, la semana pasada cedió a las exigencias de Trump, y su presidente, Brad Karp, insistió en que la supervivencia de Paul Weiss estaba en riesgo. Mientras tanto, Perkins Coie, una firma mucho más pequeña, continúa impugnando la orden en los tribunales.
En los últimos días, se ha extendido el temor a que se dicten más órdenes ejecutivas contra grupos de abogados, en particular contra cualquier firma vinculada a los numerosos adversarios legales de Trump.
Elon Musk, uno de los aliados más cercanos del Presidente, atacó a Skadden Arps de Nueva York en una publicación en X el domingo por la noche por llevar un caso probono contra el provocador de derecha Dinesh D’Souza, lo que aumentó las especulaciones de que Skadden podría ser el siguiente en la lista.
Los abogados de WilmerHale, entre quienes se encontraba Robert Mueller, el fiscal especial que investigó la intromisión rusa en las elecciones de 2016, y que representa a los inspectores generales del gabinete despedidos por Trump, han comunicado a sus aliados que también temen convertirse en blanco de ataques. Aun así, el estudio ha trabajado para preparar a los nominados de Trump para las audiencias de confirmación del Senado y ha representado casos contra administraciones demócratas. Los representantes de Skadden no respondieron a una solicitud de comentarios. Wilmer declinó hacer declaraciones.
“Tienen que comportarse”
En tanto, el lunes en la Casa Blanca, Trump afirmó que había “otros (estudios legales) que también quieren llegar a un acuerdo” y añadió que “todas las grandes firmas... se dieron cuenta de que habían actuado mal”. Las firmas de abogados, añadió, “tienen que comportarse”.
Para este artículo Financial Times contactó a más de 30 abogados corporativos y personas cercanas a la comunidad jurídica de EEUU, pero solo una docena accedió a hablar de forma anónima debido a la preocupación por posibles represalias del presidente y sus allegados.
Algunas oficinas jurídicas se apresuraron a contratar abogados o asesores afines a Trump con la esperanza de neutralizar los ataques de la administración. Incluso, varios estudios de élite han eliminado de sus sitios web las referencias a causas progresistas, al Partido Demócrata o a programas de diversidad, equidad e inclusión por temor a un mayor escrutinio por parte de la Casa Blanca.
La decisión de Karp de llegar a un acuerdo ha sido criticada por personas cercanas y exalumnos de Paul Weiss, así como por el sector en general, ante el temor de que anime a Trump a atacar otras prácticas y, en última instancia, a amenazar a todo el sistema legal estadounidense.
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