El Congreso ya dio el vamos para iniciar la tramitación del proyecto de ley corta que presentó el Gobierno para aplicar el fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a aplicar la tabla de factores vigente desde abril de 2020 y devolver a sus afiliados todos los cobros en exceso. Así, llegaron este lunes hasta la comisión de Salud del Senado la ministra de esta cartera, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres, y el director nacional de Fonasa, Camilo Cid, quien protagonizó la sesión.
En efecto, la comisión se centró los capítulos del proyecto que busca fortalecer Fonasa a través de una Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) para resguardar a los usuarios del sector privado cuyas isapres puedan, eventualmente, caer en insolvencia.
Cid realizó una presentación ante los senadores en la que explicó los detalles de cómo operaría esta MCC y realizó proyecciones del impacto que tendría una migración de afiliados al sector público, una de las principales alertas que se han hecho respecto al riesgo de quiebra de isapres.
El director nacional de Fonasa sostuvo que como servicio realizaron una serie de simulaciones de casos hipotéticos de migración masiva de usuarios del sector privado al sector público y su postura fue clara: aseguró que con la MCC, ante cualquier escenario, la llegada de los nuevos pacientes permitiría mantener un equilibrio financiero entre los ingresos por cotización y los gastos respectivos de atención y administración, dejando un margen positivo para el Estado.
En los últimos años, relató Cid, se ha observado un aumento en el porcentaje de gente que cotiza en el sistema público y, en 2022, esta cifra superó el 80% de la población total. Aseguró que los nuevos usuarios de Fonasa, demográficamente, tienen características similares a las del país completo y que no se trata de grupos específicos que estén prefiriendo el sector público. Sobre la base de las características estos “migrantes”, Cid sostuvo en la comisión que estas personas generan un costo un 30% menor para el servicio que los usuarios que ya estaban en el fondo público.
Asimismo, argumentó que, al tratarse de personas con salarios más elevados, su 7% de cotización aporta más dinero a Fonasa. Y en base a estos supuestos, expuso una tabla ante los senadores donde calculó los márgenes que dejaría para el servicio una llegada masiva de usuarios de isapres, ya sea del 10% o 100% de ellos. “En cada uno de los escenarios se muestra un margen positivo”, decía su presentación.
Junto con esto, Cid apuntó hacia las críticas realizadas por el gremio de las aseguradoras y argumentó que la MCC operaría con prestadores y clínicas privadas, por lo que no significaría un colapso del sistema público ni un peligro para la sustentabilidad financiera de las clínicas. “Los prestadores privados de salud podrán conservar y aumentar su oferta sanitaria”, postuló.
Las dudas del Senado
La presentación de Cid no dejó contentos a los parlamentarios y generó tensión en la comisión. El senador Sergio Gahona (UDI), incluso, recordó una entrevista de julio pasado con La Prensa Austral, donde el director de Fonasa sostuvo que las isapres “desaparecerían del mapa de la seguridad social”.
Una de las mayores dudas de los parlamentarios fue el gasto fiscal que implicaría una migración masiva. “No da lo mismo cuántos entren (a Fonasa”, dijo la senadora Ximena Órdenes (IND cercana al PPD).
En ese sentido, Gahona recordó que la mayoría de los gastos de Fonasa se financian mediante un aporte estatal, monto que, según acotó el mismo Cid, se eleva a un 70% del total.
Por otro lado, Francisco Chahuán (RN) solicitó que la discusión del proyecto de modernización de Fonasa se haga por separado y que las conversaciones se centren en cómo abordar la situación crítica de las aseguradoras mismas.
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