El Estado subsidiará hasta alrededor del 50% de los salarios de nuevos trabajadores que sean incorporados por industrias o comercios que se adhieran a los beneficios de los planes del flamante Programa de Inserción Laboral, anunciado la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández, y utilicen los descuentos de contribuciones patronales habilitados por la Ley de Promoción del Trabajo Registrado, según estimaciones gubernamentales.
La asistencia estatal, que beneficiará desde pymes hasta grandes empresas por un plazo de 12 meses, se propone favorecer la incorporación de unos 800 mil personas al mercado laboral y a la par contener la caída del empleo en un contexto de fuerte desaceleración de la economía. La preocupación oficial no es un dato menor: según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) difundida el viernes por el Ministerio de Trabajo, el nivel de empleo registrado durante el segundo trimestre del año se redujo un 0,3% relación al trimestre anterior, debido según la explicación de la cartera laboral a la fuerte contracción en los planes de contratación de las empresas.
Frente a ese escenario, Cristina anunció el jueves último una serie de incentivos para la contratación de nuevo personal, enmarcados en las dos versiones del flamante Programa de Inserción Laboral (PIL), además de disponer un incremento en el monto de los beneficios del Repro para evitar despidos.
Si se toma el nivel salarial de convenio de un operario de la UOM, la ayuda comprometida por el PIL (un pago mensual directo de $ 2.700 por un plazo de un año) podría financiar hasta el 34,3% del sueldo ($ 7.872) para un nuevo trabajador incorporado por una fábrica en esa categoría. Pero la asistencia para la empresa podría ser aun mayor y alcanzar un 48,2% ($ 3.788) en el caso de que, además del beneficio del PIL, la misma compañía se adhiera al Régimen del Promoción de Trabajo Registrado (ley 26.940) y utilice la reducción de contribuciones habilitada por esa normativa.
Ese esquema prevé subsidiar especialmente a las cadenas productivas incluidas en el Plan Estratégico Industrial 2020, que abarcan desde las automotrices y autopartistas como a los rubros de cuero, calzado y marroquinería; industria maderera; textil e indumentaria; avícola, porcina y láctea; fabricación de materiales para la construcción, de medicamentos, bienes de capital, software y química y petroquímica.
Según las mismas estimaciones, en el sector de servicios el paquete de incentivos oficiales podría subsidiar hasta un 37,5% del salario de convenio de un empleado administrativo de un comercio pequeño, que alcanza los $ 10.544 si se computa el sueldo, más presentismo y contribuciones patronales. En ese caso el ahorro para la empresa totalizaría $ 3.958, sumando un aporte de $ 2.500 por el PIL y otros $ 1.458 por reducción de cargas patronales fijadas por la ley 26.940.
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