La Ley del Etiquetado en Chile parece estar funcionando y ha empezado a ser vista por activistas de la salud en todo el mundo como un modelo que esperan pueda extenderse a otros países.
Así lo refleja un reportaje especial del diario británico Financial Times que detalla que, tras la implementación de la medida, hace cinco años, con la introducción de un impuesto del 18% sobre las bebidas con alto contenido de azúcar -luego ampliado en 2016 y dirigida a productos para niños- se ha "reducido la probabilidad de que las personas elijan cereales azucarados para el desayuno en 11% y jugos azucarados en casi 24%, según estimaciones de 2018 de investigadores de la Universidad de Chile".
"El consumo mensual de bebidas azucaradas dirigidas cayó casi 22% después de que el impuesto comenzó en 2014, según un documento de académicos de la Universidad de York del Reino Unido que trabaja con colegas de la Universidad de Chile", destaca la publicación que, además revela que una investigación de 2015 publicada en la revista médica The Lancet encontró que los chilenos consumen más bebidas azucaradas per cápita que cualquier otro país.
Efecto dominó
FT apunta a que la batalla del gobierno contra la comida no saludable es de las "más radicales que se hayan visto" y que medidas similares están proliferando en otras naciones que combaten la obsesidad como México, Hungría, Tailandia y el Reino Unido.
"Ha habido un efecto dominó en los impuestos a las bebidas azucaradas y esas fichas siguen cayendo (a medida que unos países siguen a otros)", dijo a FT la profesora Corinna Hawkes, directora del Centro de Políticas Alimentarias de City, Universidad de Londres.
Por su parte, William Dietz, experto en obesidad, profesor de salud pública en la Universidad George Washington y coautor de un informe con docenas de expertos en dietas internacionales que piden un tratado global para regular los alimentos no saludables, cita a Chile como un ejemplo "de cómo los gobiernos pueden combinar impuestos con regulaciones fuertes para tratar de cambiar la demanda, limitar la influencia política de las grandes compañías de alimentos y presionarlos para rediseñar productos con menos ingredientes poco saludables".
Por ello, el diario destaca que de hecho hay algunos lugares que combinan la normativa con incentivos, como por ejemplo la ciudad estadounidense de Filadelfia, que introdujo en junio de 2016 una modalidad de redirigir el dinero a iniciativas públicas, incluidos centros de cuidado infantil y escuelas comunitarias gratuitas.
La batalla continúa
La lucha regulatoria continúa en Santiago, describe FT.
"A fines de este año veremos una reducción del umbral donde el azúcar, la sal, las calorías o la grasa requieren una etiqueta negra en los paquetes". El senador Guido Girardi, doctor y expresidente del Senado de Chile, está haciendo campaña para obtener agua gratuita obligatoria en restaurantes y escuelas, para desalentar el consumo de alternativas azucaradas, así como subsidios de frutas y verduras.
El senador, según dice FT, apunta a que ya se está viendo un mayor interés en otros países de América Latina, incluidos Uruguay y Perú, pero también en otros lugares como Canadá. Él cree que será más fácil lograr cambios legales en muchos países latinoamericanos porque "los grupos de presión de las grandes compañías de alimentos no son tan fuertes como en Europa y Estados Unidos". Sin embargo, tiene la esperanza de que los experimentos en curso en su continente informen la política en otros lugares.
"Creo que si otros países latinoamericanos logran aprobar estas leyes (y la gente ve los resultados), eventualmente se volverán obligatorias en todo el mundo", dice.
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