El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió ayer por segunda vez con su gabinete, ocasión en la que tenía previsto delinear y presentar las metas para los 100 primeros días de gobierno.
Así lo prometió la semana pasada el ministro de Casa Civil, Onyx Lorenzoni, y lo reiteró el propio mandatario en Twitter a primera hora.
“En menos de dos semanas de gobierno, una reunión más para oír a cada uno de los ministros sobre los planes, propuestas de reducción de sus carteras y medidas de rápida implementación. Nuestro país no puede esperar más. Más tarde, novedades en línea con lo que el brasileño siempre exigió”, escribió.
Sin embargo, lo anunciado no ocurrió. El jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), el general Augusto Heleno, reveló que no se discutieron las medidas prioritarias para los próximos tres meses y tampoco se presentó información concreta de la situación interna de cada ministerio.
Hace una semana, se le había pedido a cada cartera un informe detallado de los últimos gastos y actos del gobierno de Michel Temer, para poder determinar las falencias y si hubo alguna irregularidad.
Pero en esta oportunidad, según explicó Heleno, cada ministro “habló un poquito” sobre su área y no trataron los detalles de la reforma de pensiones, considerada la principal bandera del Ejecutivo.
Tampoco habría quedado definido si habrá un encuentro el próximo martes, tal y como lo estipula el calendario publicado a fines de 2018.
Según el diario Folha de Sao Paulo, este es el primer desencuentro que queda en evidencia en la nueva administración.
Limpieza institucional
Sin embargo, hay otras diferencias que han empezado a surgir. Una es sobre la prometida “limpieza ideológica” que inició el Ministerio de Casa Civil y que fue seguida ayer por la petrolera estatal Petrobras.
La firma removió de su cargo a la directora de exploración y producción, Solange Guedes, dando inicio a un nuevo ciclo bajo el liderazgo de Roberto Castello Branco.
Desde su llegada, cambió a cuatro de los siete directores de la firma y dejó a los remanentes de la gestión de Aldemir Bendine (también expresidente del Banco de Brasil).
El cambio es un intento de Castello Branco de sacar de escena a los ejecutivos que ascendieron durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y busca distanciar a la estatal de cualquier relación con la izquierda.
Pero no todos seguirán sus pasos. El ministro de la Secretaría de Gobierno, Santos Cruz, dijo que mantendrán el personal basados en la capacitación profesional. Y como él, el presidente del Banco do Brasil, Rubem Novaes, anunció que preservará a los funcionarios independientemente de la filiación partidista.
Privatizaciones en vía
En lo que sí parece haber consenso es en materia de privatizaciones, anunciadas por el equipo económico y por Bolsonaro.
Ayer, el ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, dijo que 100 empresas estatales podrían ser privatizadas o liquidadas para “disminuir el tamaño del Estado, para dar celeridad y generar ‘exceso de recursos’ presupuestarios”.
Señaló a las subsidiarias de entidades como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), el Banco do Brasil, Caixa y Eletrobras. “No estamos hablando sólo de privatizaciones, sino de liquidaciones de empresas que hoy no tienen tanto sentido”, afirmó.
Para ello, la participación de inversionistas sería fundamental. “Necesitamos atraer inversionistas exportadores de capital. Tenemos que mostrar que nuestros proyectos son buenos, que van a dar buenas tasas de retorno”, afirmó.
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