El canciller Heraldo Muñoz dijo hoy que "hay que acabar con el mito de que Bolivia no tiene salida al mar", en referencia a que su país ha dado libre tránsito comercial a los productos bolivianos, aunque no se trate de "una salida soberana".
"Chile otorga salida al mar a Bolivia a perpetuidad, aunque no sea una salida soberana", recalcó este lunes el canciller en una reunión con corresponsales extranjeros, al hacer referencia al libre tránsito comercial del que dispone Bolivia para todos sus productos a través de los puertos chilenos.
El ministro insistió en que desde 1904, año en que ambos países suscribieron el Tratado de Paz y Amistad que zanjó la Guerra del Pacífico, Chile ha otorgado salida al mar a Bolivia.
"Bolivia escogió los puertos de Arica y Antofagasta, tiene potestad aduanera, Chile no le cobra impuestos a lo que entra y sale, le otorga un año de almacenaje a las importaciones y sesenta días a las exportaciones, y goza del oleoducto Sica Sica", enumeró.
"Hay un conjunto de beneficios y facilidades que le otorga Chile que son mejores que las que gozan los empresarios chilenos", aseguró.
Muñoz explicó que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, tomará una decisión definitiva sobre si impugna o no la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver sobre la demanda marítima interpuesta por Bolivia, una vez que haya escuchado a los sectores políticos de su país.
"Estamos un poco más cerca de determinar si es que se va a impugnar la competencia de la Corte. Lo que hemos escuchado hasta ahora es que deberíamos hacerlo", pero "esa es una decisión que todavía no está tomada", aclaró.
Antes de hacerlo, la presidenta Bachelet quiere escuchar a los parlamentarios, después de haberse reunido días atrás con los expresidentes, los jefes de los partidos y el equipo jurídico.
A estos contactos se suman los mantenidos por el jefe de la diplomacia chilena con sus predecesores en el cargo y con el comité asesor de la Cancillería.
"La presidenta no adoptará una decisión hasta escuchar a todos los actores políticos relevantes en esta materia", recalcó el ministro, quien enfatizó que "se trata de adoptar una decisión que refleje un planteamiento de Estado, unitario, sin diferencias entre el Gobierno y la oposición".
Al respecto, subrayó que todos los partidos respaldarán la decisión de la mandataria, sea cual sea.
En las reuniones sostenidas, la presidenta de Chile "se ha estado formando una opinión acerca de las implicaciones de la demanda ante la CIJ, en la que Bolivia pide que el alto tribunal de la ONU obligue a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al mar.
"Desde el momento en que Bolivia nos demandó, el tema de la aspiración marítima está totalmente cerrado en cualquiera de sus dimensiones", enfatizó Muñoz.
"Al demandarnos unilateralmente, Bolivia alteró especialmente la disposición que tenía el nuevo Gobierno (chileno) de buscar una relación amplia, constructiva de los trece puntos de la agenda original", aseveró Muñoz, en alusión a la agenda de temas comunes acordada en 2006.
"Eso no significa, sin embargo, que no podamos conversar sobre los otros temas (...), porque somos países vecinos y tenemos intereses comunes".
A juicio del canciller chileno, la decisión en esta materia del Gobierno boliviano "es una demanda artificiosa" y sin sustento jurídico.
"Es básicamente una demanda político comunicacional que busca de manera encubierta desconocer el Tratado de 1904 o de revisarlo sin que haya acuerdo de las partes", afirmó.
"Eso es sumamente delicado, porque apunta a no tener estabilidad y certeza jurídica respecto a un tema tan importante como son los tratados de límites", agregó.
Uno de los argumentos de Chile para sostener la incompetencia de la CIJ, en caso de que finalmente opte por esa vía, es que "todos los asuntos que han sido resueltos por tratados antes de la suscripción del Pacto de Bogotá no pueden ser materia de un juicio en la Corte".
El Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas -que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)- fue suscrito el 30 de abril de 1948 por la mayoría de los países de América, en tanto que el Tratado de Paz y Amistad suscrito por Chile y Bolivia tras la Guerra del Pacífico fue firmado en 1904.
Muñoz aclaró que la decisión sobre la impugnación o no de la competencia de la CIJ en este asunto no tiene que ver con que eventualmente Chile pueda plantearse salirse del Pacto de Bogotá.
En caso de que Chile decida impugnar la competencia del tribunal, tiene dos posibilidades, hacerlo antes del 15 de julio, para las denominadas excepciones preliminares, o bien dentro de la presentación de la contramemoria, antes del 18 de febrero de 2015. EFE
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