Argentina advirtió que sólo acatará
los fallos del Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de
Inversiones (CIADI) contra el Estado si esos dictámenes son
ratificados por la Justicia local.
Así lo dijo el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, al
destacar que "de ninguna manera puede afirmarse que Argentina esté
incumpliendo un compromiso internacional por primera vez en la
historia", en declaraciones publicadas hoy por el diario Clarín.
El funcionario respondió de esa manera a las críticas formuladas
la semana pasada por funcionarios del Departamento de Estado de
Estados Unidos, quienes cuestionaron al Gobierno argentino por no
pagar un fallo del CIADI que benefició a la compañía CMS del país
norteamericano.
Una treintena de empresas de servicios públicos, en su mayoría de
capitales europeos y estadounidenses, demandó a Argentina ante el
tribunal dependiente del Banco Mundial por los perjuicios derivados
de la devaluación del peso argentino y la congelación de las tarifas
desde comienzos de 2002.
En 2005, un fallo del CIADI le dio parte de la razón a la firma
estadounidense CMS, socia minoritaria de la compañía responsable de
una de las dos grandes redes de gasoductos argentinos, en una
millonaria demanda de indemnización.
El tribunal fijó un monto indemnizatorio de US$133,2 millones que el Estado argentino debía pagar a la empresa, pero la
decisión que fue recurrida por el país suramericano, que hasta ahora
no ha desembolsado el dinero.
Guglielmino dijo que Argentina sostiene que el propio convenio
del CIADI establece la "ejecución de la sentencia" en el país
demandado y agrega que "la parte que inste el reconocimiento o
ejecución del laudo en los territorios de un Estado contratante
deberá presentar ante los tribunales competentes una copia del
mismo".
Según el funcionario, esto implica que CMS debería presentarse
ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, con sede en Buenos Aires, y pedir la ejecución del laudo
perdido en el CIADI.
Tras señalar que esta postura les fue planteada a "los anteriores
y actuales propietarios de CMS", Guglielmino sostuvo que la posición
de Argentina "no puede interpretarse como una violación al
compromiso y tampoco es un planteo dilatorio", sino una
"interpretación de los compromisos asumidos".
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