El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en segunda instancia el marco legal de la polémica reforma de las jubilaciones y pensiones propuesta por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y ahora el texto será enviado al Senado para su aprobación definitiva.
La segunda de las dos votaciones necesarias para la aprobación del texto que define el marco general de la reforma concluyó esta madrugada con el respaldo de 370 diputados, frente al rechazo de 124 y una abstención.
La reforma, que propone endurecer el acceso a las jubilaciones en busca de un ahorro fiscal equivalente a unos US$ 251.000 millones en diez años, ha sido criticada por sindicatos, organizaciones sociales y los partidos de oposición y se registraron protestas en distintos puntos del país mientras los diputados la debatían.
En la primera votación, el pasado 10 de julio, 379 parlamentarios lo hicieron a favor y 131 se manifestaron en contra.
Para su aprobación en segunda instancia, la propuesta del equipo económico de Bolsonaro necesitaba superar los tres quintos necesarios (308 de 513 votos) que exige una enmienda constitucional, cuyo trámite parlamentario es engorroso y requiere diversas votaciones.
Este miércoles, en una nueva sesión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, serán votadas ocho propuestas de modificación al texto aprobado, siete de ellas presentadas por la oposición, antes de encaminar la iniciativa del Ejecutivo al Senado.
No obstante, Maia aseguró a periodistas que "no habrá sorpresas" y los ocho puntos específicos para modificaciones deberían ser rechazados por la mayoría de los diputados.
Maia justificó que la pérdida de votos a favor, en comparación con la primera votación de julio, obedeció a que muchos diputados estaban de viaje y no consiguieron llegar el martes a Brasilia. En total, fueron 18 de los 513 congresistas los que estuvieron ausentes en la sesión.
En la votación, que duró más de seis horas, la oposición intentó, sin éxito, aplazar la decisión mediante pedidos que fueron rechazados por la mayoría de congresistas.
El marco legal de la reforma todavía puede ser objeto de alteraciones, pues los diputados deberán definir ahora la situación en que quedarán algunos sectores específicos.
Entre ellos, el sector gobernante insiste en que la reforma alcance los ámbitos municipales y regionales, que fueron excluidos de la versión aprobada en julio, pese a que estaban en el proyecto original.
Mientras los diputados deliberaban, se realizaron varias protestas en el país convocadas por los sindicatos y movimientos sociales, una de ellas con una concentración en la Avenida Paulista de Sao Paulo, considerada el corazón financiero del país y donde el lunes también se manifestaron en contra centenas de personas.
La reforma es la gran apuesta del primer Gobierno de ultraderecha que tiene el país para intentar recomponer una economía que entre 2015 y 2016 perdió siete puntos porcentuales de PIB, que creció a un ritmo insuficiente del 1 % anual en 2017 y 2018 y que este año se teme que pueda volver a caer en una recesión.
Mediante la reforma, el proyecto pretende reducir el gasto con un sistema de pensiones que el Gobierno considera "quebrado", acabar con un crónico déficit del sector público y liberar recursos para la inversión en áreas claves.
Para lograr esa meta, el proyecto plantea una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no era requisito en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.
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