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REGÍSTRATE AQUÍEl crecimiento más lento se debió principalmente a la caída interanual del 0,3% de los precios de la energía.
Por: Reuters
Publicado: Martes 3 de marzo de 2020 a las 10:03 hrs.
La inflación de la zona euro avanzó en febrero a ritmo más lento que el mes anterior, tal como esperaba el mercado, ante la caída del precio del petróleo por la propagación del coronavirus.
El dato anticipado publicado por Eurostat informó que los precios al consumidor aumentaron un 1,2% en febrero con respecto a hace un año, luego del alza interanual de 1,4% registrada en enero, en línea con lo previsto por una encuesta a analistas realizada por Reuters.
El crecimiento más lento se debió principalmente a la caída interanual del 0,3% de los precios de la energía. Sin contar con este descenso, y excluyendo los volátiles precios de los alimentos no procesados, la inflación se situó en el 1,4% interanual, frente al 1,3% de enero.
Una medida aún más restrictiva que también excluye los precios del alcohol y del tabaco, y que es seguida de cerca por muchos economistas, también registró un aumento del 1,2%, frente al 1,1% de enero.
Eurostat también dijo que la tasa de desempleo de la zona euro fue del 7,4% en enero de 2020, en consonancia con lo esperado, la misma lectura que en diciembre de 2019 y por debajo del 7,8% de enero de 2019, el nivel más bajo registrado en la zona euro desde mayo de 2008.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
El adelanto corresponde hasta un 26% del costo total de la obra, el que será entregado en dos cuotas. El convenio también incorporará una serie de compromisos adicionales por parte del contratista.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.