La Cámara de Representantes de Estados
Unidos aprobó hoy un proyecto destinado a apuntalar al mercado
hipotecario agobiado por una de las peores crisis de los últimos 50
años.
La aprobación por 272 votos a favor y 152 en contra se concretó
después que el presidente de EE.UU., George W. Bush, anunciara que
había retirado su amenaza de veto.
Fuentes legislativas dijeron que el proyecto será aprobado por el
Senado a fines de esta semana o comienzos de la próxima y será
enviada de inmediato a la Casa Blanca para su promulgación.
"No creemos que tengamos tiempo para librar un conflicto
prolongado por un veto", dijo la portavoz de la Casa Blanca Dana
Perino, tras hacer hincapié en la urgencia de resolver la crisis
hipotecaria.
Poco antes, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, había
afirmado que el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para aprobar
el proyecto ayudará a que la economía del país "cambie de rumbo".
Bush había objetado algunas estipulaciones del proyecto que
incluye un respaldo explícito del Gobierno a las empresas
hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac que tienen en sus manos casi
la mitad de la deuda hipotecaria del país de unos 12 billones de
dólares.
"Este es un mensaje muy firme que enviamos a los inversionistas
en Estados Unidos y en todo el mundo, en el sentido de que
comprendemos la importancia de estas empresas para nuestros mercados
de capitales y de vivienda", dijo Paulson.
"Estas medidas son clave para ayudarnos a que cambie el rumbo y
se encamine la corrección en el mercado hipotecario", añadió.
El funcionario explicó que la Reserva Federal mantendrá su "papel
de consulta" junto con una nueva oficina de regulación que
establecerá normas de capitales para Fannie Mae y Freddie Mac.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, una agencia no partidista
que elabora análisis e informes para los legisladores, calculó que
este socorro del Gobierno a las empresas hipotecarias tendrá un
costo de por lo menos 25.000 millones de dólares.
La objeción de Bush se refería a una propuesta de los demócratas
que asigna hasta 3.900 millones de dólares en ayuda del Gobierno
federal para los propietarios que encaran la ejecución hipotecaria
en los vecindarios más vapuleados por la crisis de la vivienda.
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