El gobierno chileno ha anunciado un plan nacional de infraestructura para 2014-2021, que tiene como objetivo lidiar con los problemas de corto y largo plazo que enfrenta Chile en esta materia. Esto debería suponer un alto en la ralentización del desarrollo en infraestructura registrada durante la administración anterior.
El plan de US$ 28.000 millones incluye US$ 10.000 millones en concesiones de infraestructura pública y US$ 18.000 millones en proyectos directos de obras públicas para 2021. Si se concreta, el plan aumentaría el gasto en infraestructura a 3,5% del Producto Interno Bruto, desde el 2,5% actual.
Este es el sexto programa de infraestructura nacional desde inicios de los ’90, cuando el gobierno de turno lanzó un sistema de concesión de infraestructura pública altamente exitoso, que llevó a una transformación del sistema de transporte público y conectividad en Chile.
Sin embargo, a fines de la década de 2000, y tras más de diez años de éxito, la inversión en infraestructura en Chile comenzó a caer, debido a que todas las grandes autopistas, puertos y aeropuertos ya habían sido concesionados y construidos, y el conjunto de proyectos disponibles comenzó a decrecer.
Escándalo de corrupción
Otro factor que ralentizó la actividad en el sector fue el escándalo de corrupción político, el denominado caso MOP-Gate, en que dinero destinado para trabajos públicos fue asignado a la firma consultora, Gate (Gestión Territorial y Ambiental), la que a cambio, supuestamente, traspasó fondos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Ante estos problemas, los planes de gobierno comenzaron a decaer y, durante el primer mandato en la presidencia (2006-2010) de Michelle Bachelet, la industria responsabilizó al Ministerio de Obras Públicas de ponerle fin al programa de concesiones de infraestructura para evaluar el estado de las concesiones vigentes.
Cuando Sebastián Piñera fue electo en 2010, muchos pensaron que el programa de concesiones sería relanzado, sin embargo, esas expectativas no se cumplieron, pese a su promesa de destinar US$ 8.000 millones en nuevas concesiones de infraestructura.
La ralentización también responde en parte a la división de concesiones del MOP (que durante la presidencia de Piñera contó con cuatro personas distintas a cargo) al igual que la propia indecisión y falta de voluntad del gobierno de usar capital político para impulsar alguno de los proyectos controversiales, incluyendo una nueva gran autopista en Santiago.
Fin a la desigualdad
El plan del gobierno de Bachelet incluye trabajos de infraestructura mayores, como US$ 655 millones para la expansión del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, US$ 2.000 millones para la autopista Costanera Central y el tramo final en la autopista urbana Américo Vespucio Oriente, todas ubicadas en Santiago.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, ha comentado que el plan también busca resolver el problema de desigualdad en las regiones. El plan incluye un programa de pavimentación de carreteras rurales, la construcción de siete reservas de agua grandes y 15 pequeñas, y el desarrollo de nueva infraestructura portuaria y aeropuertuaria, todo lo cual beneficiará a las regiones fuera de la capital.
El plan también tiene como objetivo incorporar nuevas ideas, incluyendo dos sistemas de góndolas elevadas, una en Santiago y otra en la ciudad del norte Iquique.
Necesidad de renovar
Algunas de las iniciativas presentadas por el gobierno son efectivamente nuevas, pero algunas son heredadas de las administraciones pasadas. Como Undurraga comentó durante la presentación del plan, las grandes obras de infraestructura van más allá de simplemente el periodo de cuatro años de un mandato. Otros proyectos fueron explícitamente dejados de lado del programa, incluyendo nuevas concesiones para hospitales, que Piñera tuvo como bandera de lucha durante su período. En lugar de eso, el gobierno prometió construir o renovar 61 hospitales para 2018, bajo un costo de US$ 4.000 millones.
Pese a ser ambicioso, el plan aún está lejos de cubrir el déficit de infraestructura de US$ 58.000 millones que la Cámara Chilena de la Construcción afirma que el país enfrenta. Fernando Agüero, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, ha expresado que el país necesita impulsar el gasto en infraestructura a 5% del PIB para cerrar esa brecha. Muchos han llamado a que el MOP y su división de las concesiones diversifiquen el pool de proyectos alternativos para incluir nuevas necesidades sociales, entre ellas las concesiones para parques, instalaciones deportivas y nuevos centros cívicos, entre otros.
Sin embargo, la infraestructura pública de Chile no necesita solamente nuevas ideas renovadas, sino también una nueva planificación. Por varios años, desde que la duración de los gobiernos se abrevió de seis a cuatro años, la clase política ha elegido desarrollar iniciativas de corto plazo en lugar de mediano a largo plazo.
Tras casi 20 años de exitosas asociaciones público-privadas que solucionaron las necesidades más urgentes de infraestructura, Chille necesita un nuevo compromiso de ambos lados para afrontar las nuevas demandas sociales.
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