Las preocupaciones por el crecimiento de la economía mexicana han provocado un debate entre los grupos empresariales y las autoridades sobre el efecto de la reforma tributaria.
Los grupos empresariales han seguido haciendo lobby para que se relajen algunas de las medidas que forman parte de la reforma fiscal aprobada en 2013 e implementada a partir del 1 de enero de este año.
El principal foco del lobby ha sido reducir el impuesto a la renta (que fue elevado desde una tasa máxima de 30% a 35%), crear un nuevo régimen tributario para las pequeñas empresas, reintroducir los pagos de seguridad sociales deducibles de impuestos, y también reducir el impuesto al valor agregado (IVA) en los estados que están en la frontera con Estados Unidos.
Según las organizaciones empresariales el alza en el impuesto a la renta ha afectado a la inversión además de la creación de empleo, mientras que el incremento del IVA (para igualar la tasa nacional de 16%) también ha puesto a varias ciudades fronterizas en desventaja competitiva con sus contrapartes estadounidenses, dada la prevalencia de menores tasas de impuestos en el lado estadounidense.
La sugerencia de un nuevo régimen tributario para las pequeñas empresas es también la respuesta a la falta de enfoque por parte de la reforma fiscal en enfrentar la creciente informalidad.
Casi un 60% de la fuerza laboral es categorizada como informal, lo que resulta en una fuga masiva de ingresos fiscales potenciales.
Concesiones del gobierno
La oposición a la reforma fiscal por parte de las empresas ha generado una serie de concesiones de parte del gobierno.
La más importante de ellas es un “pacto fiscal” en el que el Ministerio de Finanzas se comprometió a no implementar nuevos impuestos ni subir los existentes hasta al menos 2016. Esta promesa fue luego extendida hasta el final del período de Enrique Peña Nieto (en 2018).
En parte, la voluntad del gobierno para negociar con la comunidad empresarial para replantear algunas medidas de la reforma tributaria sugiere un reconocimiento tardío de que la reforma ha tenido un impacto negativo en el crecimiento.
Con este fin, el gobierno tendrá que equilibrar su compromiso para estimular a la débil economía con la necesidad de recaudar los ingresos suficientes para apoyar sus considerables compromisos de gasto.
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