En su discurso de la cuenta pública anual, la semana pasada, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso una reforma constitucional que permitiría la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. Un complaciente congreso probablemente aprobará su idea.
Correa no se explayó mucho respecto de sus intenciones, pero desde hace mucho que se esperaba que pretendiera ir por la reelección en 2017. Luego de que una renovada oposición resurgiera fortalecida en las elecciones municipales del 23 de febrero, Correa declaró que sentía “una responsabilidad histórica” de preservar los avances de su denominada Revolución de los Ciudadanos y que reconsideraría sus anteriores “promesas sinceras” de respetar el límite de dos períodos establecidos en la constitución de 2008.
Correa, que llegó por primera vez al cargo en enero de 2007, fue elegido bajo la nueva constitución de 2009 y nuevamente en 2013 y por lo tanto no podría postularse otra vez en 2017. Previamente había dicho que no pretendía competir por otro periodo debido a razones familiares, al igual que por los riesgos para la democracia. Sin embargo, también había señalado que las democracias parlamentarias en Europa no tienen límites para los gobiernos, y ha sugerido que la separación de poderes “ha perdurado más allá de su vida natural”.
Reacción conservadora
El presidente dijo que, aunque su decisión final no dependerá de las condiciones que estén para esa fecha, existe la necesidad de evitar que las élites de derecha regresen al poder. El presidente también advirtió a sus oponentes —dentro de los cuales incluyó a una agrupación de radicales de izquierdas y a los conservadores tradicionales de derecha— usarán cualquier pretexto para realizar un “golpe blando “. En este sentido mencionó los controversiales planes para explotar las reservas petroleras del parque nacional de Yasuní y los territorios indígenas; el desarrollo del sector minero (bajo un nuevo marco legislativo); y a un borrador de una ley de agua, actualmente tramitándose en el congreso.
El vehículo político de gobierno del presidente, Alianza País (AP), tiene 100 de los 137 escaños en la Asamblea Nacional unicameral y por lo tanto debería aprobar su propuesta de reforma constitucional. Impulsar una reforma por esta vía es un riesgo más bajo que un referéndum, algo a lo que Correa ha recurrido frecuentemente en el pasado. Y lo que es igual de importante, también evita el proceso potencialmente divisivo de encontrar a un sucesor dentro de la AP.
En respuesta, el líder de la oposición conservadora, Guillermo Lasso (Creando Oportunidades, CREO), que llegó en un lejano segundo lugar en las elecciones de 2013, dijo que evaluará la posibilidad de recolectar firmas para exigir un referendo, dado que la constitución de 2008 también fue aprobada por esta vía.
Pocos rivales
Pese al retroceso de la AP en las recientes elecciones municipales, Correa mantiene su alta popularidad y nuestro escenario base es que probablemente ganaría un cuarto período en el cargo en 2017, impulsado por los ingresos petroleros de Yasuní a partir de mediados de 2016, que permitirán al gobierno impulsar el gasto antes de las elecciones, y beneficiar así a la AP con el electorado de bajos ingresos. Sin embargo, existe el riesgo de descontento social entre los grupos de izquierda, incluyendo la población indígena, cada vez más frustrada con el presidente. La oposición ahora en control de las principales ciudades del país, incluyendo la capital, Quito, intentará reafirmarse antes de 2017, lo que también llevará a tensiones políticas.
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