Después de semanas de negociaciones difíciles, el gobierno argentino logró a fines de diciembre un acuerdo sobre la reforma al impuesto a la renta con los sindicatos y la oposición que parece ser aceptable para todas las partes.
Aún en una posición minoritaria en el congreso, el gobierno ha sido exitoso en aprobar legislaciones importantes en su primer año en poder. Con las elecciones parlamentarias de mitad de período acercándose, en octubre de 2017, el gobierno estaba entusiasmado en impulsar su agenda legislativa y pasar un número de reformas clave antes de que el congreso entre a su receso de verano, en diciembre. Con la mirada puesta en presentar estas medidas, entre otras, logró negociar una sesión extraordinaria del congreso justo antes de la Navidad.
Sus planes para la reforma del impuesto a la renta fueron complicados cuando Sergio Massa, líder de una gran facción del dominante Partido Justicialista (PJ, más conocido como el partido peronista) presentó un proyecto alternativo en noviembre.
Gobierno revierte una derrota anterior
Ambos proyectos tenían como objetivo general reducir la carga de impuesto a la renta para los contribuyentes de bajos recursos, pero Massa fue más generoso.
Mientras que el proyecto del gobierno ofrecía un aumento de 15% al límite del impuesto a la renta mínimo, el de Massa incluía casi duplicar el umbral a partir del cual los trabajadores empiezan a pagar impuestos.
El gobierno parecía mal parado cuando los legisladores de la cámara de diputados se reunieron para aprobar el proyecto de Massa a principios de diciembre, y no negociar el compromiso con el gobierno. Pero el Ejecutivo inmediatamente criticó el documento como fiscalmente irresponsable, y fue juntando el apoyo de gobernantes provinciales para ayudar a detener la iniciativa de la oposición en el senado.
En el sistema político argentino, los gobernadores son poderosos y frecuentemente influyen sobre los senadores de sus respectivas provincias.
Aunque la mayoría de ellos son del partido peronista, también dependen de los recursos del gobierno central. Representantes del Ejecutivo dejaron en claro que el costo fiscal del presupuesto de la oposición tendría que ser pagado con una reducción en las obras públicas que claramente tendría consecuencias en las provincias.
Esta estrategia demostró ser exitosa cuando a mediados de diciembre los senadores rechazaron el proyecto de ley de impuestos impidiendo su debate en el senado, lo que dio aire para construir consensos en torno a un proyecto aceptado por todas las partes.
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