Una serie de conflictos mineros en Perú, que han provocado violentas protestas y han puesto presión a los últimos gobiernos, han tomado un rumbo distinto en las últimas semanas. En lugar de alimentar la intranquilidad social y laboral, los conflictos se están moviendo a los tribunales para buscar una solución. Pese a que esto tiene el potencial de reducir una fuente clave de tensiones sociales, los críticos advierten que los canales legales (especialmente los arbitrajes) pueden crear nuevos problemas para el gobierno.
De los conflictos, el proyecto de cobre y oro de Minas Conga en la región de Cajamarca, en el norte, es quizás el principal. El proyecto de US$ 5.000 millones, manejado por Minera Yanacocha, una empresa conjunta entre la estadounidense Newmont Mining, Minas Buenaventura de Perú y el IFC del Banco Mundial, ha sido una fuente de disputa mayor. Ha estado parado desde que las protestas violentas comenzaron en noviembre de 2011. El conflicto ha forzado la renuncia de dos primeros ministros y cinco personas han muerto en manifestaciones anti Conga.
Pese a que el proyecto continúa estancado, Minera Yanacocha obtuvo una victoria importante a principios de agosto cuando una corte en Cajamarca falló a su favor en la disputa con una familia que afirmaba haber adquirido las tierras donde Minas Conga sería construida. Hay una apelación en curso y el veredicto no ha abierto la posibilidad de que el proyecto se reinicie, pero el fallo no desató reacciones violentas ni nuevas protestas, como se temió en un principio.
En ambas direcciones
En otro complejo caso legal, la Corte Suprema de Perú el 2 de agosto ordenó que la firma estadounidense Doe Run Resource Corporation, una división de Renco Group, pagara al Estado US$ 163 millones por no cumplir con sus compromisos medioambientales. Doe Run adquirió una instalación metalúrgica del gobierno en 1997. El ex presidente Alan García (2006-2010) anunció en 2010 que Doe Run perdería su licencia para operar el complejo multi-metal en la región central de Junín, debido a que no completó su plan de mitigación medioambiental.
La instalación ha sido manejada por un administrador asignado por la corte en los últimos dos años y es probable que ahora sea vendida a fines de año. Sin embargo, el conflicto con Doe Run probablemente perdurará. La firma estadounidense continúa afirmando que la pérdida de su instalación constituye una expropiación ilegal y entabló una demanda por US$ 800 millones contra el Estado bajo el Acuerdo de Promoción Comercial de Perú con EEUU, implementado en 2009.
Acuerdos comerciales
Recientemente, el 12 de agosto, la canadiense Bear Creek Mining anunció intenciones de recurrir a un proceso de arbitraje contra el Estado por revocar su permiso para construir la mina de plata Santa Ana en la región de Puno, al sudeste. La administración de García tomó la decisión en junio de 2011 tras meses de violentas protestas contra Santa Ana, con los residentes reclamando que su desarrollo dañaría las fuentes de agua y las tierras de cultivo. Seis personas murieron antes de que el gobierno cancelara la concesión.
La mediación se realizaría bajo el artículo 824 del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Perú, firmado hace cinco años. El ministro de Comercio de Canadá, Ed Fast, que estaba en Perú cuando se anunció la decisión de Bear Creek, comentó que el arbitraje no debe ser visto como un paso negativo. Fast expresó que Perú ha estado fortaleciendo su judicatura y que ahora tiene “un régimen legal doméstico fuerte” en donde se resuelven las disputas. Fast también aplaudió la imparcialidad y legitimidad de la mediación y el proceso de resolución de disputas del acuerdo comercial.
No obstante, al igual que en otros países de la región, existe escepticismo público respecto de los procesos de arbitraje establecidos en los acuerdo comerciales, con organizaciones sociales y civiles impugnando su uso. José de Echave, ex ministro de Medio Ambiente y ahora líder de CooperAction, ha sido particularmente visible al criticar los procedimientos de mediación, argumentando que no ayudan a una estructura legal fuerte y que son un medio de evadir las leyes locales.
Largas demoras
Pero, más allá de ese debate, existe un consenso amplio de que, aunque las acciones en la corte son una forma mucho más confiable (y menos violenta) de enfrentar los conflictos mineros, también demoran la resolución de los problemas. En teoría, pueden llevar al gobierno a pagar onerosas compensaciones, pero el resultado más probable es que las minas se mantengan cerradas en el corto y mediano plazo, poniendo en duda las optimistas proyecciones de la administración de Humala para el sector.
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