El gobierno de Portugal anunció que no aceptará el financiamiento de 2.600 millones de euros (US$ 3.520 millones) restantes, sobre los que tiene derecho bajo los términos de un acuerdo por 78.000 millones de euros con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, del cual Portugal formalmente salió el 17 de mayo.
La decisión de renunciar a lo que queda de finaciamiento surge luego de que el Tribunal Constitucional decidiera cortar recientemente elementos clave del presupuesto 2014. Bajo los términos del acuerdo de rescate de Portugal, para acceder a los 2.600 millones de euros Lisboa tendría que reingresar al programa de rescate o encontrar antes del 30 de junio ajustes fiscales adicionales para compensar los que fueron eliminados, por unos 750 millones de euros.
Al defender su decisión para renunciar al último tramo del rescate, el gobierno se enfocó en dos factores. Primero, argumenta que con medidas adicionales que podrían volver a ser derogadas por la corte, es imposible conocer la magnitud del déficit fiscal. Segundo, la considerable mejora en las perspectivas de financiamiento privado desde los primeros meses del año. Portugal está volviendo progresivamente al mercado de bonos soberanos, donde los tipos están en mínimos de varios años. El 11 de junio, el gobierno remató casi 1.000 millón de euros en bonos a diez años a un tasa de 3,25%, la más baja desde 2005.
Hay mérito en ambos puntos. No obstante, este episodio recalca los riesgos significativos que rodean la posición fiscal de Portugal. El obstruccionismo del tribunal no es un algo nuevo (ha derogado medidas del gobierno seis veces en dos años), pero ahora ha llegado al punto en que complica notoriamente la capacidad del gobierno para resolver e implementar una política fiscal.
Anteriormente, el gobierno había respondido a otros traspiés judiciales y fiscales anunciando ajustes presupuestarios adicionales. Con los ajustes más accesibles ya aplicados hace tiempo, esto se ha hecho cada vez más difícil. A fines de 2013, por ejemplo, el gobierno recurrió a una amnistía fiscal parcial para compensar la caída en la recaudación. El peligro ahora radica en que la reticencia del gobierno al anunciar nuevas medidas nazca no de la incertidumbre sobre la magnitud de la última caída del déficit sino sobre su capacidad de encontrar alternativas políticas aceptables.
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