El Gobierno peruano dijo el lunes que evalúa los aspectos legales del contrato de la empresa española Repsol en busca de imponer una sanción por un derrame de petróleo en la costa central del país y no se descarta la suspensión de sus operaciones.
La primera ministra, Mirtha Vásquez, dijo que partidos políticos -entre ellos el oficialista Perú Libre de tendencia marxista- están pidiendo la rescisión del contrato y hasta la expropiación de la Refinería La Pampilla de Repsol, por los daños ante el derrame que se expande mientras pasa el tiempo.
"No se puede en realidad adelantar opinión en este momento", dijo Vásquez a la radioemisora local RPP sobre el tema. "He escuchado varios términos, rescisión, nulidad e incluso que se expropie. Creo que eso pasa en hacer un análisis jurídico de qué tipo de contrato y nosotros justamente estamos en este momento revisando", afirmó la jefa del gabinete de ministros.
La Refinería La Pampilla, que tiene el 54% de la capacidad de refinación de combustibles de Perú, fue comprada por Repsol en 1996 en medio de un proceso de privatización en el país.
Representantes de Repsol en Lima no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios sobre el tema.
El derrame ocurrió a mediados de enero cuando el ducto de un buque que abastecía a la refinería se rompió y el crudo invadió el mar y playa de varios distritos, según la compañía por "olas violentas" tras la erupción de un volcán submarino a miles de kilómetros en Tonga en medio del Océano Pacífico.
La Marina de Guerra de Perú, que alertó "oleajes anómalos" pero descartó tsunami el día de la erupción, dice que Repsol debe demostrar que la causa del derrame fue por las fuertes olas en un evento que el gobierno del mandatario izquierdista Pedro Castillo ha calificado como un "desastre ecológico".
Responsabilidades
El Ministerio del Ambiente dijo en un comunicado que el área afectada abarca hasta unos 9 millones de metros cuadrados, según un reporte de la entidad el fin de semana.
Vásquez manifestó que al margen de una sanción a Repsol y la exigencia de la reparación de las zonas afectadas, la fiscalía investiga el caso por presunto delito ambiental y el Estado evalúa también una indemnización para los afectados.
"No pueden aducir a que no tienen responsabilidad. La tienen y por tanto tienen que pensar en las consecuencias", subrayó. "Todavía falta identificar qué tanto se sigue extendiendo este derrame", afirmó la primera ministra.
La compañía no ha precisado el volumen derramado, pero el Gobierno dice que, según le informó Repsol, serían 6.000 barriles.
El presidente de Repsol Perú, Jaime Fernández-Cuesta, admitió la noche del domingo que la refinería no reaccionó a tiempo y que recién al día siguiente del derrame supieron la magnitud del desastre. "Estamos asumiendo las consecuencias de este desastre, desde el primer día y sin escatimar un dólar", dijo a la estación de televisión Frecuencia Latina.
Repsol informó el domingo en un comunicado que la limpieza "avanza favorablemente" con 1.800 trabajadores y 55 navíos y que "ha logrado mover" 6.000 metros cúbicos de tierra afectada.
Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, marcharon el domingo en protesta contra la compañía Repsol por el derrame y llegaron hasta las inmediaciones de la refinería, en el distrito Ventanilla, ubicado al norte de la ciudad de Lima.
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