Grupos opositores comenzaron hoy a cortar
las carreteras del sureste de Bolivia hacia Argentina y Paraguay
para aumentar la presión sobre el presidente Evo Morales, en reclamo
de la devolución de los ingresos petroleros a las regiones.
Gran parte del sur del país está afectado por cortes en rutas
nacionales e internacionales porque, de forma simultánea a la acción
de los opositores, campesinos afines a Morales mantienen desde hace
seis días un bloqueo en Chuquisaca contra la gobernadora opositora
de ese departamento, Savina Cuéllar.
La protesta de la oposición en la región conocida como Chaco,
fronteriza con Argentina y Paraguay, tiene el respaldo de los
prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos autonomistas de Santa
Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.
Los focos de mayor tensión están situados en las localidades de
Villamontes, donde hay cuatro puntos de bloqueo, uno de ellos hacia
Paraguay, y en Yacuiba, fronteriza con Argentina, donde el paso por
el puente internacional ha sido interrumpido.
En el Chaco, territorio compartido por tres departamentos, está
el 85 por ciento de las reservas de gas de Bolivia, que son
explotadas por varias empresas trasnacionales, entre ellas la
hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras.
Los presidentes de los comités cívicos de Villamontes y Yacuiba,
Felipe Moza y Guimer Beizaga, respectivamente, confirmaron a Efe el
inicio de la medidas de fuerza, de carácter indefinido y que
eventualmente pueden tener efectos sobre las operaciones petroleras
en la zona.
De hecho, Moza sostuvo que en Villamontes los manifestantes han
bloqueado las rutas que van hacia los pozos de gas Sábalo I, II, III
y IV del "megacampo" San Antonio, operado por Petrobras.
Una fuente del sector petrolero confirmó a Efe que efectivamente
hay un corte en el Puente Ustarez de la vía hacia San Antonio, pero
comentó que eso no tendrá consecuencias en las operaciones del
campo, salvo en el relevo de personal para el cambio de turnos.
San Antonio está protegido actualmente por 17 efectivos del
Ejército para garantizar que no se interrumpan las operaciones de
exportación de gas hacia Argentina y Brasil.
Los opositores no descartan extender sus medidas de presión a los
campos petroleros, aunque el Gobierno decretó la noche del domingo
que las autoridades que instiguen a ello serán enjuiciadas
penalmente y pagarán los daños causados.
Los manifestantes reclaman al presidente Morales que devuelva a
las regiones la renta petrolera reducida en enero pasado para pagar
un bono a los mayores de 60 años.
El prefecto de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, dijo hoy en
una rueda de prensa que el inicio de las protestas por la devolución
de la renta petrolera es un movimiento que nace en las bases, con
alcaldes y dirigentes regionales.
"Valoramos ese gesto y alentamos una situación de esperanza
porque ahora los alcaldes y comités cívicos se dan cuenta de que
(sus recursos) han sido cercenados y robados", aseguró Costas.
También criticó el decreto que emitió Morales para frenar las
protestas contra instalaciones petroleras.
"El que bloqueó el país ahora saca un decreto para que no se
bloquee", comentó Costas al señalar que el mandatario fue el
"principal bloqueador" de vías en Bolivia cuando era sindicalista.
Asimismo, acusó de "cinismo" y "doble moral" al Gobierno porque,
a su juicio, no condena el bloqueo que los campesinos afines a
Morales realizan en Chuquisaca contra la prefecta Cuéllar desde hace
seis días.
Los campesinos de Chuquisaca reclaman a Cuéllar que reconozca las
designaciones de subprefectos realizadas en asambleas sindicales y
consideradas ilegales por la gobernadora.
Costas anunció que él y los otros prefectos opositores harán
conocer mañana su posición sobre la situación del país, al adelantar
su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno convoque por decreto
al referendo necesario para validar el proyecto de nueva
Constitución que impulsa Morales.
Varios sindicatos y movimientos sociales que se reunieron con el
mandatario el fin de semana en Cochabamba (centro) solicitaron la
promulgación de ese decreto, una medida que será analizada por el
Gobierno esta semana.
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