Google se prepara para otra importante decisión sobre la privacidad en un alto tribunal de la Unión Europea, cinco años después de que un fallo sobre el denominado “derecho al olvido” le obligó a eliminar información personal a solicitud de los afectados.
El Tribunal de Justicia de la UE decidirá este martes sobre la disputa del gigante estadounidense con un regulador francés de protección de datos, y avalará si el derecho se debe aplicar solo a nivel europeo o global y dónde se establece el límite entre la privacidad y la libertad de expresión.
La unidad de Alphabet cuestiona la orden de la autoridad francesa de eliminar, a solicitud de los aludidos, enlaces en todas sus plataformas del mundo si conducen a sitios web que contienen información desactualizada o falsa que podría perjudicar injustamente la reputación de una persona. Los jueces deben igualmente aclarar qué enlaces pueden mantenerse en línea en defensa del interés público.
Para Google, el destino de Internet está en juego. El fallo de 2014 ya lo obliga a ofrecer resultados de búsqueda diferentes en Europa que en el resto del mundo. CNIL, de Francia dice que Google debería purgar dichos resultados a nivel mundial. Los partidarios de Google, que incluyen grupos de libertad de prensa, advierten que esto podría permitir que regímenes autoritarios censuren Internet al extender al mundo su decisión sobre lo que se puede hacer público.
El derecho global a ser olvidado “crearía un serio conflicto con los conceptos de libertad de expresión de EEUU” y también podría ser utilizado por otros Estados para “suprimir resultados de búsqueda a nivel mundial”, según Richard Cumbley, abogado de Linklaters en Londres.
Es difícil anticipar qué rumbo tomará el tribunal de la Unión Europea. El fallo inicial rechazó los argumentos de Google de que el motor de búsqueda es simplemente una vía neutral para entregar información. En la práctica, la decisión dejaba que Google decidiera si un enlace que alguien solicitaba remover contenía algo que “ya no era relevante”.
Desde 2014, Google ha tenido que sopesar casi 850.000 solicitudes individuales de eliminación de enlaces a unos 3,3 millones de sitios web. Su personal ha asumido un rol de regulador para lograr un equilibrio entre la información que se debe mantener pública y la que se debería eliminar.
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