Durante más de dos horas la Sala de la Cámara de Diputados discutió la moción parlamentaria que busca limitar la responsabilidad de los usuarios de productos y servicios financieros en caso de fraudes, iniciativa que fue aprobada por una amplia mayoría.
Muestra de ello, es que el proyecto al ser sometido a votación en general recibió luz verde de 138 diputados. Solo hubo dos abstenciones de los diputados Cristina Girardi (PPD) y de Miguel Melleado (DC).
De esta forma, la iniciativa pasa al Senado, instancia que deberá visar los cambios que se realizaron por su paso por la Cámara, quedando a ad portas de convertirse en ley.
Esto, pues durante su primer trámite constitucional el proyecto se limitaba a regular las operaciones fraudulentas de tarjetas de crédito. Al arribar en la Cámara, se amplió a transferencias electrónicas y también a tarjetas de prepago y débito.
Quien comenzó la discusión en el hemiciclo fue el ministro subrogante de Economía, Ignacio Guerrero, quien señaló que el Ejecutivo comparte los avances que impulsa este proyecto en lo relativo de proteger los derechos de los consumidores ante casos de fraudes, dando su respaldo.
Respecto a una de las críticas que han apuntado a que esta moción podría afectar a la bancarización del país, Guerrero descartó dichos efectos.
Entre los parlamentarios que participaron de la discusión, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, apuntó a que el proyecto tiene como objetivo "emparejar la cancha" de los derechos de los consumidores frente al sector financiero. Esto, pues el timonel de RN criticó que son los clientes de la empresas financieras que se hacen responsables de fraudes.
¿Cuáles son los cambios que se promueven?
De aprobarse la iniciativa en el Senado, los clientes de compañías financieras no deberán contar con seguros antifraudes, pues será la entidad que se hará responsable. El usuario deberá hacer el reclamo correspondiente en un plazo de 90 días desde que se vio afectado y la compañía deberá devolver los fondos en un plazo máximo de siete días.
En caso que la entidad financiera tenga dudas respecto a la veracidad del fraude, podría acudir a los tribunales y ejercer las acciones legales correspondientes, que a través de una resolución, podrá pedir la restitución de los fondos al cliente.
Esto regiría para todas las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, débito y prepago; transferencias de fondos entre cuentas corrientes o vistas; giros en cajeros automáticos; y cualquier otra operación financiera, ya sean físicas, electrónicas, telefónicas o por otras vías inclusive.
El proyecto dispone que las entidades financieras deban disponer las 24 horas del día todo tipo de canales disponibles y gratuitos para que sus clientes puedan hacer las denuncias de fraudes.
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