El conflicto entre Transbank con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) persiste. Ello, porque el 27 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad que interpuso la red de adquirencia en contra de la resolución que dictó el regulador sobre el producto denominado "adelantamiento de cuotas" al comercio.
El 9 de octubre, la red de adquirencia acudió a la Corte Suprema y presentó un recurso en el máximo tribunal para solicitar que acogiera el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la resolución exenta N°5.304 de la CMF, que ordenó el cese de la prestación del servicio denominado “adelantamiento de cuotas”.
Transbank planteó en el escrito que la sentencia desatiende la regulación sectorial en materia de giro social exclusivo de operación de tarjetas por no aplicar correctamente el concepto de "actividades necesarias", y por determinar que el adelantamiento de cuotas no formaba parte de dichas actividades para el desarrollo del giro social exclusivo de Transbank.
“Todo lo anterior ha devenido en una situación perjudicial no sólo para la compañía, sino que, más importante que ello, para los comercios”, se lee en el escrito.
Además, sostuvo que la resolución desatiende la garantía constitucional que permite desarrollar actividades económicas no prohibidas expresamente, conforme al artículo 19, N°21 de la Constitución.
Inclusión financiera
En su recurso, Transbank también aseguró que la sentencia no solo no se ajustaba a derecho, sino que tampoco se condice con la política pública de inclusión financiera y fomento de los medios de pago electrónicos, y que reconoce la Corte Suprema.
“Todo lo anterior ha devenido en una situación perjudicial no sólo para la compañía, sino que, más importante que ello, para los comercios que corresponden a microempresas y pequeñas y medianas empresas, quienes se han visto impedidos de acceder a una funcionalidad en muchos casos esencial para el desarrollo de su negocio”, se lee en el escrito.
El conflicto
Las denominadas “cuotas comercio”, por lo general, son de tres a 12 cuotas mensuales, sin interés, para las compras de un tarjetahabiente. Cuando un consumidor compra bajo esta modalidad, en la regla general, Transbank también paga al comercio en cuotas, porque así va recibiendo a su vez, los dineros.
Pero con el “adelantamiento de cuotas”, de común acuerdo con el comercio, Transbank renuncia a dicho pago en plazo y abona el total, y así el comercio recibe el monto completo en una sola cuota, a cambio de una comisión para el adquirente.
La decisión de la CMF surgió tras una solicitud de la Asociación del Retail Financiero, que cuestionó el servicio. A raíz de esto, el regulador le solicitó a Transbank un informe sobre esta materia, y el 10 de mayo envió un oficio en que comunicó que la actividad de adelantamiento de cuotas excedía el objeto que le ha sido autorizado desarrollar, y que debía cesar.
El 11 de junio, la CMF emitió la resolución señalada, a raíz de la cual la sociedad ligada a los bancos interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones a finales del mismo mes. Dicho reclamo fue rechazado por el tribunal el 27 de septiembre.
En tanto, a fines de septiembre, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entró en el conflicto y concluyó que el oficio de la CMF no tiene el potencial de afectar el mercado y descartó sus efectos anticompetitivos.
Otros frentes abiertos
Esta no es la única arista que tiene abierta la principal red de adquirencia del país con la autoridad. A mediados de octubre, la CMF sancionó con una multa de UF 1.000 a Transbank por infracción a límites de giro exclusivo.
El regulador sostuvo que la empresa adquirente "implementó un mecanismo para, en asociación con una empresa externa, integrar sus sistemas para permitir la emisión de boletas de ventas electrónicas a clientes".
A su vez, el 16 de octubre se llevó a cabo la audiencia pública convocada por el Tribunal de Libre Competencia (TDLC), donde se abordó la consulta presentada por Transbank, en mayo de 2023, sobre su nuevo esquema tarifario para determinar el margen adquirente en el modelo de cuatro partes.
En la audiencia, que duró casi siete horas, se escucharon los alegatos del principal actor del mercado de adquirencia, y de varios otros como Flow, Tenpo, Sencillito, Digital Payments (de Falabella), Klap, Walmart, Mercado Pago, entre otros. También estuvo presente en la audiencia la FNE y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Durante la sesión, la Fiscalía señaló que, aunque la compañía ha visto reducido su poder de mercado y enfrenta mayor competencia de otros adquirentes, aún mantiene una posición dominante debido a las economías de escala y los altos costos de cambio, factores que limitan una competencia efectiva.
Por esto, recomendó que el TDLC impusiera un conjunto de medidas acotadas, incluyendo tarifas públicas, objetivas, no discriminatorias y desagregadas por tipo de servicio, sujetas a un monitoreo independiente por un período transitorio de tres años.
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