Críticas del sector financiero ha recibido la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias que entró en vigencia en octubre.
La norma obliga a los bancos e instituciones financieras a informar cuando un cliente reciba 50 o más transferencias al mes, y supere más de 100 recibidas en seis meses.
Sin embargo, la normativa no incluyó a los emisores de cuentas de provisión de fondos (CPF), es decir, las tarjetas de prepago no bancarias, que también pueden enviar y recibir transferencias. Entre ellas se encuentran MercadoPago, Tenpo, Copec Pay, entre otras.
El gerente general de la Asociación de Bancos (Abif), Luis Opazo, señaló que se “está generando un espacio de incertidumbre sobre las instituciones financieras, que debe ser aclarado en las circulares que el SII emita para dichos fines, o bien abordar mediante adecuaciones a la ley”.
Opazo añadió que la ley genera una asimetría regulatoria porque atenta contra la idea de fortalecer la fiscalización en el pago de impuestos y a la competencia.
Coincidió con esta visión el presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero, Claudio Ortiz, quien sostuvo que “cuesta entender la omisión del legislador de excluir a ciertas tarjetas de pago”.
Para Ortiz, esto reduce el impacto de la ley. “Los usuarios trasladarán sus operaciones hacia los medios de pago no afectos a esta norma. Debemos evitar que estos productos financieros terminen siendo utilizados por el comercio ilegal y el crimen organizado” añadió.
Perfeccionamientos
Opazo indicó que la situación debe ser prontamente remediada. Y agregó que “como lección para el diseño de futuras políticas públicas, medidas como estas deben ser evaluadas de manera integral en su impacto y siempre manteniendo los principios básicos de regulación, a saber, simetría y proporcionalidad regulatoria”.
A su vez, Ortiz concluyó que, de acuerdo con el análisis jurídico realizado por el gremio, “esto debiera resolverse mediante perfeccionamiento legal”.
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