Un total de 66 procesos sancionatorios por no declarar operaciones sospechosas, los cuales afectaron principalmente a bancos, administradoras generales de fondos (AGF) y empresas de transferencias de dinero, aplicó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante 2023.
De esa cantidad sólo uno fue absuelto, nueve archivados, tres recibieron amonestación escrita y 53 fueron afectados con multas a beneficio fiscal por UF 4.155, lo que equivale a unos $ 159 millones aproximadamente.
El monto, que representa un aumento de 493% respecto del año anterior, es el resultado de las fiscalizaciones en terreno que realiza la UAF para verificar el cumplimiento efectivo de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo por parte de las personas naturales y jurídicas conocidas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, o sea aquellas que resulten inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente.
De los 56 sujetos sancionados con amonestación escrita o multa, 55 son de la Región Metropolitana y uno de la Región de Los Lagos.
De acuerdo con las facultades legales, la UAF puede ejecutar acciones de supervisión in situ o remotas en cualquier momento, utilizando un criterio de seguimiento de las entidades reportantes del sector privado, según los riesgos identificados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a los que se exponen las actividades a las que pertenecen.
Al desglosar, siete sectores económicos concentraron el 72% de las supervisiones del año: 31 fueron a notarios, 27 a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 14 a administradoras de fondos de inversión, 14 a casas de cambio, 11 a empresas de transferencia de dinero, nueve a casinos de juego, y nueve a usuarios de zonas francas.
Las restantes 44 fiscalizaciones se concentraron en otros 10 sectores.
En el caso de los bancos multados, se trata de Santander Chile y BancoChile por el reporte no oportuno de operaciones sospechosas relacionadas con el caso Verde Austral (Pacogate), a los que se les impuso el tope legal de 800 UF (infracción leve).
Junto con las sanciones, la UAF resolvió iniciar el año pasado 118 procesos sancionatorios administrativos, lo que implicó un alza de 127% anual. Un 22% de ellos fue a empresas de factoring; un 14% a aquellas de transferencia de dinero y a las AGF; un 11%, a casas de cambio; un 9,3%, a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria y un 6,8%, a notarios.
Alzas en el registro
El director de la UAF, Carlos Pavez, destacó que las cifras de 2023 revelan que el Registro de Entidades Reportantes sumó 8.729 personas naturales y jurídicas inscritas, 4,2% más que hace un año. De estas, 8.257 pertenecen del sector privado y 472 son instituciones públicas.
Así, la entidad recibió 12.902 informes de sujetos obligados privados y públicos, un 13,2% anual).
El aumento respondió a la mayor cantidad de entidades inscritas en el servicio y el mayor reporte de bancos e instituciones públicas.
En los últimos cinco años, la UAF ha recibido 45.039 ROS.
El año pasado, además, la Fiscalía envió 184 requerimientos de información a la UAF sobre 1.681 personas naturales y jurídicas.
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) extranjeras hicieron 35 consultas a su par local, relacionadas con 184 personas naturales y jurídicas. En el año, la UAF remitió 23 solicitudes de información, sobre 137 personas. Todos estos intercambios de información se realizaron a través de la Red del Grupo Egmont. En 2019-2023, la UAF ha recibido 150 consultas de las UIF extranjeras sobre 1.775 personas.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gobierno
