El proyecto que busca limitar la responsabilidad de los usuarios ante fraudes en productos y servicios financieros continuó ayer su avance en el Senado. En su primer paso por la comisión de Economía en el marco del tercer trámite constitucional, expusieron el Banco Central, la Asociación de Bancos, el Retail Financiero y los abogados Arturo Fermandois y Miguel Ángel Nacrur.
El consejero del Banco Central, Pablo García, indicó que los incentivos dentro del sistema de medios de pago inciden en el comportamiento de sus participantes. Así, comentó que "si la responsabilidad de las transacciones fraudulentas siempre recae en el emisor, los adquirentes y comercios tienen menos incentivos para cumplir las medidas de seguridad. Será más restrictivo en la emisión de tarjetas".
Al ser consultado por la senadora DC Ximena Rincón sobre la propuesta del Banco Central en este proyecto, el consejero sugirió incorporar "deducibles razonables" en caso de fraudes, tal como se ha aplicado en Estados Unidos y Europa.
La visión de la banca
Luego fue el turno de la banca, cuyo presidente, José Manuel Mena, expresó que el proyecto no establece un límite de tiempo para desconocer operaciones fraudulentas pasadas. Así, propuso implementar un plazo de 30 días para que los usuarios puedan reclamar cargos efectuados proveniente de una transacción o transferencia de fondos desconocida o no autorizada. El plazo comenzaría desde la fecha en que el banco informó al cliente de la operación cuestionada.
Mena sugirió que en casos en que se logren retener transacciones asociadas a fraudes, los bancos cuenten con la facultad de devolver los montos al cliente afectado. Además, planteó que el proyecto contemple la obligación de que todos los actores del sistema de medios de pago entreguen información sobre operaciones sospechosas de fraude.
Reclamos diferenciados
El vicepresidente del Retail Financiero, Claudio Ortiz, también presentó reparos a la iniciativa. Según las cifras de la industria, las transacciones internacionales representan el 4% de todas las operaciones, y generan el 70% de los fraudes en Chile.
Por ello, propuso un procedimiento de reclamos que distinga las transacciones nacionales de las hechas fuera de Chile, además de establecer criterios en materia de plazos de respuesta al usuario o de la reintegración de montos defraudados de acuerdo al tipo de plástico, diferenciando las tarjetas de crédito, débito y prepago.
Planteó que el proyecto agregue la posibilidad de que los emisores puedan poner término al contrato en caso de reincidencia reiterada en el desconocimiento de sus transacciones por parte de los clientes.
En tanto, el abogado Arturo Fermandois, expresó que el proyecto transgrede el debido proceso al no existir plazos específicos para actuar en el caso de fraudes de transacciones. Bajo este panorama, sugirió a que se solicite un informe a la Corte Suprema para que despejar dudas sobre la constitucionalidad de la iniciativa.
En la misma línea, el exfiscal del Banco Central, Miguel Ángel Nacrur, dijo que el proyecto de alguna forma pone en peligro el patrimonio de las entidades emisoras de productos y servicios financieros al tener que asumir la responsabilidad de los fraudes ante cualquier evento.
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