Bci Estudios elaboró un informe que envió esta mañana a sus clientes en donde abordó la crisis de las isapres. Esto, luego que la Corte Suprema dictaminó que deben devolver US$ 1.400 millones a sus afiliados y el Gobierno está trabajando en una ley corta que ingresó al Congreso para buscar una solución al sistema privado de salud.
El informe señaló que “el monto ordenado por la Corte Suprema que debe restituirse a los afiliados está muy por sobre su patrimonio, por lo que de no mediar alguna solución razonable se llevaría a su insolvencia”.
De caer en quiebra el sistema de isapres, Bci Estudios vislumbró que “los afiliados no recibirían el monto anunciado, generando además impactos sobre la viabilidad financiera de algunas clínicas y proveedores del sistema de salud”.
El departamento de estudios expuso que se debe tener presente que un escenario de insolvencia “obligaría al sector público a absorber la atención de cerca de 3,3 millones de personas, provocando un estrés sanitario difícil de manejar”.
Las estimaciones hechas por la entidad es que se requerirían recursos del sector público de US$ 2.500 millones a US$ 3.000 millones anuales para generar la capacidad hospitalaria necesaria para los nuevos afiliados, que deberían ser acogidos por Fonasa, además de hacerse cargo del déficit operacional actual de las Isapres. Según Bci, “estos son recursos que el sector público no dispone”.
Enfatizaron que en el caso del colapso de las isapres, el sistema público debería absorber a una fracción muy mayoritaria del total de los cerca de 2,5 millones de afiliados, “algo imposible de hacer con la actual infraestructura”.
Plantearon que los esfuerzos para hacerse cargo de la situación sanitaria “requeriría por tanto que se contraten espacios de atención y tratamiento médico que hoy son parte del sistema privado, involucrando un monto importante de recursos públicos”.
Agregaron que no debe quedar desapercibido que las isapres tienen hoy un déficit operacional que debería ser recogido por Fonasa.
Bci Estudios advirtió que todo lo anterior podría derivar “en una crisis económica y social relevante, existe una dimensión de carácter sanitaria y compromiso de gasto público que se podría generar, que no se puede ignorar”.
Recalcaron que “bien sabemos que el sistema de salud público hoy está sobrecargado, lo que se traduce en largas listas de espera y dificultades para atender algunas necesidades de salud de la población”.
Con este escenario, la firma reiteró que la crisis “debe resolverse con urgencia, de modo de evitar un enorme costo económico y social”.
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