El caso FinCEN hizo que Wall Street y los reguladores a nivel mundial recapacitaran sobre la necesidad de reformar el sistema de prevención de lavado de activos. El debate también llegó a Chile y los focos están centrados en el secreto bancario.
La directora ejecutiva de BH Compliance, Susana Sierra, señala que “es necesario modernizar las normas asociadas al secreto bancario, porque muchas veces las autoridades tienen dificultad para acceder a datos o información relevante en casos de investigaciones, y Chile está quedando atrás en esta materia”.
Si bien la legislación nacional permite el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria -reforma que se debió hacer para que Chile pudiera entrar a la OCDE-, la legislación no estaría alineada con los estándares internacionales de acuerdo a los debates que han habido sobre el tema. La última discusión fue en 2018 en el marco de la reforma a la Ley de Bancos.
La gerenta de Forensic Services de PwC Chile, Lorena Izquierdo, ejemplifica que “el secreto bancario constituye una limitante para establecer una estructura intensa en monitoreo y control de actividades sospechosas. Así, la cooperación entre países y entre entidades financieras locales y globales resulta clave para la prevención y control de las actividades ilícitas”.
Izquierdo recalca que al verse limitada la cooperación por el secreto bancario, “no es posible compartir lecciones aprendidas en una institución financiera en particular para ser extrapolada a otras que permitan robustecer los controles y monitoreos dentro de la industria como un todo. El SII podría convertirse en un buen aliado en temas de prevención y control de la industria financiera, estableciendo un mecanismo de cooperación que permita detectar operaciones inusuales en contribuyentes según sus actividades y perfil tributario”.
Una modificación
Sierra apunta a que debería haber una modificación al secreto bancario pero que “incluya la protección de la privacidad y los datos personales de la persona investigada. Por lo mismo, las autoridades deben procurar el buen uso de este levantamiento de información, que exista justificación de hacerlo y que no se filtren los datos personales del investigado”.
El socio de Deloitte Forensic, Pedro Trevisan, indica la necesidad de replantear los límites al secreto bancario en la legislación: “Es un requisito esencial para avanzar a una sociedad más transparente e incluir a los partidos políticos y otro tipo de organizaciones que hoy se encuentran fuera del alcance de esta normativa”.
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