En septiembre, el denominado caso La Polar dio un giro a favor de las AFP, luego de que la Corte Suprema fallara sorpresivamente a favor de las administradoras previsionales ProVida y Capital, en perjuicio del retailer, sus exejecutivos y PwC.
Pese a que el fallo del máximo tribunal impulsó a la consultora a iniciar un proceso de negociaciones con las AFP, estableciendo una propuesta económica para indemnizar a los fondos de pensiones de $ 38.520, millones, el capítulo judicial todavía no se cierra.
El 5 de noviembre AFP Capital solicitó al 13º Juzgado Civil de Santiago que ejecutara la sentencia con el objetivo de que se llevaran a cabo las respectivas indemnizaciones, lo que fue aceptado por el mencionado tribunal.
En respuesta, PwC y los demás demandados opusieron excepciones a esa decisión, acusando la incompetencia de dicho juzgado para llevar a cabo esa acción, además de que no se cumpliría la condición de que exista un monto certero a indemnizar.
Lo anterior, considerando que la sentencia de la Corte Suprema no especificó cifras a pagar, sino que apuntó a que los recursos a indemnizar deberán ser determinados durante la etapa de cumplimiento de los fallos.
PwC al Tribunal Constitucional
Antes de que se resolvieran las excepciones presentadas, PwC se dirigió el 22 de noviembre al Tribunal Constitucional (TC), luego de fichar los servicios de los socios del estudio jurídico Claro y Cía, los abogados Cristóbal Eyzaguirre y Alex van Weezel.
En la instancia, PwC presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por la resolución del 13º Juzgado Civil de Santiago.
De acuerdo con el escrito, la firma acusó eventuales transgresiones a la igualdad ante la ley garantizada en la Constitución.
“Lesiona el derecho de igualdad ante la ley, ya que el precepto impugnado introduce una diferencia sustancial de trato a PwC con respecto a otros ejecutados en un juicio ejecutivo, privando a PwC de defensas esenciales que estos últimos sí podrían oponer”, dice el documento legal.
Por ello, la consultora solicitó al TC revisar el requerimiento y, por lo tanto, suspender el procedimiento que se encuentra en evaluación en el tribunal civil.
El 2 de diciembre, el requerimiento fue admitido a trámite por la Primera Sala del Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, el TC aceptó ordenar la suspensión de la causa, tal como lo pidieron los representantes de PwC.
El martes de esta semana, el 13º Juzgado Civil de Santiago dio cuenta de la decisión del TC, informando de la suspensión de la causa.
“Se deja constancia que se encuentra suspendido el procedimiento tanto principal como de cumplimiento incidental en virtud de lo resuelto por el Tribunal Constitucional con fecha 2 de diciembre del presente”, dice el escrito de la instancia judicial.
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