La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comenzó hace dos meses la implementación de los estándares de Basilea III en la banca, que implicarán una adecuación de los niveles de capital de todos los actores. Hasta el momento, el regulador ha puesto en consulta dos de 16 reglamentos que debe dictar y poner en marcha en diciembre de 2020.
Frente al proceso que está liderando la CMF, un informe de Deloitte manifiesta aprensiones sobre cómo se ha llevado el proceso relacionado a la definición de bancos sistémicos.
Realidad local
Según la consultora, la CMF tendría una “aparente preferencia por adherir a las recomendaciones de Basilea con poco espacio para la calibración en función de la realidad local”.
Deloitte indica que la metodología de cálculo que adoptará la CMF es en gran medida la propuesta hecha por el Comité de Basilea, “en circunstancias que la estructura y complejidad del mercado doméstico posibilitan una aproximación normativa más simple y directa, sin comprometer los principios prudenciales involucrados”.
La firma menciona que el propio Comité de Basilea ha recomendado el uso de principios de proporcionalidad en los países emergentes, a objeto de que la implementación de Basilea III en economías menos desarrolladas no tenga efectos indeseados para la estabilidad, desarrollo y competitividad de estos mercados.
La segunda crítica se orienta a la complejidad de la metodología que está desarrollando el regulador para hacer los cálculos de capital que deberán inyectar los bancos.
“No sólo tiene un impacto negativo en la capacidad de predictibilidad de los cargos de capital, sino que además afecta innecesariamente los costos de implementación tanto para los bancos como para los reguladores”, sostiene Deloitte.
La firma menciona que el aumento sostenido de los costos regulatorios que deben asumir los bancos está siendo un tema de debate cada vez más recurrente a nivel internacional y, de hecho, ha motivado que en varias jurisdicciones las autoridades estén revisando sus marcos regulatorios “a objeto de racionalizarlos y lograr un mejor equilibrio entre el costo y el beneficio de las regulaciones prudenciales”.
Desde la perspectiva de los supervisores y atendidas las restricciones presupuestarias que los caracterizan, el informe indica que “aumentar innecesariamente el costo de supervisión y control de las normas ligadas a Basilea III tiene el riesgo de desatender labores de supervisión de carácter más preventivo (supervisión basada en riesgos) en favor de tareas de control de naturaleza más formal (check-list)”.
Agrega, que muchos supervisores que adoptaron Basilea II en 2004 y destinaron sus recursos para ello, obtuvieron como resultado un deterioro en la efectividad de fiscalización y en su capacidad de identificar en forma oportuna los focos de riesgo emergentes en las actividades de negocio de la banca. “En lo que ello devino es historia conocida”, apunta.
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