El plan de reestructuración que presentó CorpGroup Banking (CGB) ante Tribunal de Quiebras de Delaware, en EEUU, no sólo incluyó un esquema de transferencia de las acciones que tiene en prenda Itaú Unibanco por las líneas de financiamiento que entregó al grupo Saieh, sino que además un salvaguarda jurídica.
Entre las 167 páginas del documento entregado el lunes se incluyen cláusulas en las que se propone que los ejecutivos y directivos de las cinco sociedades del grupo Saieh acogidas al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos sean exculpados de cualquier cargo civil o penal.
Se propone en el plan -que debe aún sortear acciones de impugnación de los bonistas y el visado de la jueza Kate Stickles- que "se consideran que son, por la presente, absolutamente, incondicional, irrevocablemente y para siempre, liberados" de una serie de acciones legales "incluyendo cualquier reclamo derivado hecho en nombre de los deudores".
El alcance del plan se extiende a hechos que "sean conocidos o desconocidos, previstos o imprevistos, madurados o no, existentes o que surjan por la ley, patrimonio, contrato, agravio o de otro modo".
El grupo Saieh agrega a cualquier tipo de acción civil o penal que la legislación chilena contemple y mencionó a las "acciones de nulidad, paulianas, revocatorias concursales, subrogatorias, penales, de indemnización de perjuicios, de contratos responsabilidad extracontractual, administrativas, especiales de la Ley Nº20.720".
Todas estas limitaciones abarcan "en base o en relación con, o de cualquier forma que surja, en todo o en parte, de los deudores, la estructura de capital de los deudores, la aserción o los cumplimientos de derechos y recursos contra los deudores, los esfuerzos de reestructuración de los deudores dentro o fuera del tribunal, transacciones intercompañías, incluyendo préstamos, ventas, dividendos, distribuciones o cualquier otra transferencia, entre un deudor y otro deudor".
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Las consideraciones
A juicio de CorpGroup, estas liberaciones de acciones legales son un "intercambio de la buena y valiosa consideración proporcionada por las partes liberadas, un acuerdo de buena fe y compromiso de dicha causa".
Todo ello sería para "el mejor interés de los deudores" y se afirma que se trata de algo "justo, equitativo y razonable". Esta propuesta legal entraría en vigencia una vez que el Tribunal apruebe el plan.
Cabe recordar que el comité de acreedores no garantizado ingresó la semana pasada una moción para que se autorice la investigación y procesamiento de una serie de actos que realizó Jorge Andrés Saieh y Catalina Saieh en calidad de directores de las empresas quebradas acogidas al Capítulo 11.
El comité -integrado por LarrainVial, Compass, Consorcio, MBI, Fynsa, entre otros actores del mercado- apuntó en contra de los hijos del empresario Álvaro Saieh por eventuales daños y perjuicios debido a la aprobación de supuestos actos ilegales, incumplimiento de deberes fiduciarios, entre otros cargos.
Acusaron que los hermanos Saieh Guzmán actuaron con "negligencia grave o imprudencia" al "actuar en sus propios intereses personales" y "desperdiciar activos corporativos con respecto a transferencias entre compañías que no reportaron ningún beneficio".
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