El intento de embargo de las acciones que posee Scotiabank en la propiedad de Transbank por parte del sindicato de trabajadores del exBanco del Desarrollo, cuyo origen se remonta a un conflicto laboral de larga data, sumó un nuevo episodio.
De acuerdo a los antecedentes públicos del caso, los abogados del banco canadiense presentaron dos acciones judiciales el 1 de febrero para detener las pretensiones del sindicato. La primera de ellas fue una medida cautelar con el fin de prohibir la realización de cualquier acto de apremio en la causa hasta que se resuelvan el monto de los dineros en disputa.
Esto, pues el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago falló a favor de un grupo de trabajadores provenientes del exBanco del Desarrollo, ordenando a Scotiabank el pago de asignaciones pendientes que debían realizarse en el año 2008. El monto que las partes discuten en el juicio asciende a cerca de $ 11.000 millones. Sin embargo, el Tribunal aún no ha zanjado la cuantía involucrada debido a que existen diferencias en este ítem entre el banco y el sindicato.
Scotiabank recordó en su acción judicial que, a la fecha, “no hay monto ni liquidación del crédito que permita despachar un mandamiento de ejecución y embargo”.
En línea con lo anterior, el banco también solicitó al Juzgado ordenar al sindicato de “abstenerse de realizar difusión, por cualquier medio, de información no fidedigna y que derive de este proceso”.
De hecho, Scotiabank acusó que el sindicato ha hecho “campañas de información con datos que no se ajustan a la realidad” y que la imagen del banco “se ha visto reiteradamente enlodada desde la dictación de la sentencia”.
La entidad financiera reconoció que “existe un desgaste procesal y comunicacional que a todas luces no corresponde tener, pero que hoy enfrentamos por los reiterados intentos de presión indebidos”.
Bajo este contexto, el banco acusó que se ha transgredido su “derecho de propiedad, honra y su derecho a un debido proceso”.
Nulidad del embargo
La segunda acción presentada por Scotiabank fue declarar el intento de embargo como nulo debido a que la acción judicial fue “realizada de manera totalmente ilegal, abusiva, injustificada y arbitraria”, a juicio de la compañía canadiense.
Cabe recordar que Scotiabank posee el 22,6% de Transbank, siendo el tercer mayor accionista de la empresa que actualmente está en proceso de venta.
El banco reiteró que hasta el momento no existe un monto para la liquidación de las pretensiones del sindicato ni tampoco un mandamiento de ejecución y embargo vigente, que valide el actuar del receptor. Este último acudió a las oficinas de Transbank con la intención de notificar el embargo de las acciones, sin tener éxito.
Scotiabank calificó que la ida del receptor judicial hasta las oficinas de Transbank fue “un acto de manifiesta mala fe” y que el proceso de embargo se realizó “con una campaña mediática”.
A nivel técnico, argumentó que el embargo “fue frustrado al no haber tenido el ministro de fe acceso al registro de accionistas, dejando el documento en el que consta la diligencia en la oficina de partes del emisor, con instrucciones a este último, de anotar el embargo, en circunstancias que esto no puede delegarse a un tercero, de una manera no contemplada en la ley, ni cumplirse por medio de instrucciones sin formalidades, emanando de este modo de su propio texto lo fallido e inválido de la actuación”.
Se espera que en los próximos días los representantes legales del sindicato hagan sus descargos ante el Juzgado.
Los descargos del receptor
El receptor denunció a la justicia que al llegar a Transbank para hacer efectiva la notificación de embargo de las acciones de Scotiabank, “no me fue permitido acceder a otra unidad especializada del área judicial que me permitiera resguardar el cumplimiento de las formalidades”.
Relató que el personal de Transbank “puso todas las trabas posibles” y que se “atiende mal y no se cumple ningún tipo de protocolos como anotaciones en libros, uso de timbres, que permitan hacer un ingreso debido de diligencias judiciales”.
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