A través de una solicitud hecha por Ley de Transparencia, Diario Financiero accedió a los gastos en que ha incurrido la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en trámites judiciales durante 2014 a 2018. En este período, el ente regulador ha desembolsado un total de $ 241.236.135.
El 2016 fue el año en que más recursos destinó el regulador con un gasto de un poco más de $ 80 millones. En dicho año, la exSuperintendencia de Valores y Seguros, dirigida por Carlos Pavez, debió enfrentarse contra el Consejo de Transparencia y Fundación Centro de Investigación Periodística en la Corte de Apelaciones al negarse de entregar información relacionada a Roberto Guzmán Lyon en el marco del caso Cascadas.
Además, se desarrolló un juicio civil luego que PwC demandara al regulador por las multas que le aplicó por su rol en el caso Cascadas. Se agrega que en 2016 el ente regulador debió desembolsar cerca de $ 16 millones por honorarios del caso Chispas a Pfeffer Abogados y a Servicios e Inversiones Bretón.
En lo que respecta al caso Cascadas, la CMF informó que todo el proceso judicial tuvo un costo de $ 179.294.540. Los valores pagados se desarrollaron entre 2013 y 2015. El primer año se desembolsó $ 54.455.289, en 2014 se pagó $ 90.893.251 y al otro año se gastó $ 30 millones.
Al momento de analizar los gastos de la CMF, se observan que gran parte de los costos se deben al pago de honorarios mensuales por un poco más de $ 3 millones al abogado constitucionalista Francisco Zúñiga Urbina. En los últimos cuatro años, el jurista ha recibido en total más de $ 200 millones en asesorías en Derecho Público hechas al regulador.
De hecho, en 2014 de los $ 35.183.421 que gastó el regulador financiero en trámites judiciales, el 99,2% de ese montó se trató de pagos de honorarios a Zúñiga. Los honorarios que la CMF ha estado pagando en este período han crecido un 13,1%. El año pasado la Comisión desembolsó de forma anual cerca $ 39,5 millones, representando el 97,5% de los recursos destinados a costos jurídicos.
Quién es Francisco Zúñiga
Zúñiga es abogado de la Universidad de Chile, casa de estudios donde hace clases de pregrado y postgrados de Derecho Constitucional desde 1989. Dicta clases también en la Academia Judicial y fue abogado integrante del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009.
Es socio del estudio Zúñiga Campos Abogados, donde comparte el despacho con el miembro del Partido Radical Social Demócrata y exministro de Justicia, Jaime Campos.
En 2016 el bufete de abogados estuvo en el centro de la polémica luego que en ese entonces el exdiputado Nicolás Monckeberg –ahora ministro del Trabajo- denunció que en ese entonces el abogado se mantenía como socio del estudio cuando ejercía como ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Los dardos de Monckeberg apuntaban a que Zúñiga Campos Abogados asesoraba a Morpho, empresa tecnológica que proveía servicios al Registro Civil que se remiten al Servicio Electoral de Chile tras conocerse problemas en el padrón.
De acuerdo a un reportaje hecho por CIPER, el profesional cuenta con amplios nexos con el mundo político. Es cercano al Partido Socialista y fue parte del comando de la última campaña presidencial de la expresidenta Michelle Bachelet.
En este espacio, Zúñiga Urbina participó del equipo que propuso hacer la reforma constitucional a través de la elaboración de una nueva carta magna, idea que finalmente no prosperó una vez que Bachelet arribó a La Moneda.
En los primeros años de la segunda administración de Bachelet, asesoró al Ministerio de Hacienda durante la tramitación de la reforma tributaria.
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