Con receso incluido y con más de 40 participantes se desarrolló la audiencia en la que CorpGroup Banking (CGB) solicitó la autorización del Tribunal de Quiebras de Delaware para vender sus derechos de suscripción a las acciones de Itaú CorpBanca que están libres de prenda. La jueza Kate Stickles escuchó la propuesta que presentó el abogado de Simpson Thacher & Bartlett, David Zylberberg, que representa a la entidad ligada al grupo Saieh.
Entre los antecedentes que entregó Zylberberg es que el plan de la compañía ligada es realizar una subasta pública de los derechos de suscripción a las acciones de Itaú CorpBanca en el marco de su proceso de aumento de capital por US$ 1.150 millones y que el período preferente termina el 2 de noviembre.
Las corredoras de bolsa, que sería BTG Pactual y LarrainVial, establecerán un precio de reserva y que se hará en consulta con el comité de acreedores. Zylberberg indicó que "la subasta será anunciada y difundida públicamente por la Bolsa de Valores de Santiago".
Respecto al rol de los corredores, el abogado dijo que "queremos que tengan la flexibilidad de hacer lo que puedan para maximizar el valor de los derechos, especialmente dado que, para ser francos podrían ser menos valiosos ahora de lo que eran hace cuatro semanas. Nos gustaría hacer todo lo que podamos para lograr el valor lo más alto posible".
Sobre cuándo será, el abogado asentado en Nueva York reconoció que "no tenemos mucho tiempo" por lo que "podemos hacer la venta el 21 de octubre". Reafirmó que este plan "será la mejor manera de comercializar esas acciones".
Informó a la jueza Stickles que ayer sostuvieron una reunión con las corredoras y los acreedores para afinar el proceso. Frente a ello, la magistrada destacó que "me alegra saber que las partes están colaborando al final de la venta".
Stickles autorizó la operación y solicitó que las partes presenten un informe que indique los detalles de la venta y las ganancias obtenidas.
La molestia de los acreedores
Glenn Siegel, abogado de los acreedores no garantizados que reúne a entidades como LarrainVial, Compass, Fynsa, MBI, Consorcio, el family office de la familia Hurtado Berger, entre otros, acusó a la jueza Stickles que la familia Saieh que es controladora de las cinco sociedades acogidas al Capítulo 11 no han participado del proceso.
Siegel señaló que "no han aparecido en este caso de ninguna manera. En realidad, no hemos podido tener comunicaciones directas con ellos".
Recalcó que "francamente, no sabemos qué hacer con la familia Saieh, ya que no podemos tratar con ellos directamente o eligen no ser tratados directamente".
El abogado del comité de acreedores mostró su preocupación que en la subasta puedan haber actores que tengan información privilegiada. Frente a estos resquemores, el socio de Simpson Thacher & Bartlett, Michael Torkin, aseguró en el Tribunal que "el corredor de bolsa no venderá a sabiendas a una persona con información privilegiada".
La deuda de Saga
Otro de los puntos que abordó la audiencia fue la posibilidad de poder correr el vencimiento de un crédito de US$ 50 millones que tiene Gasa, otra sociedad ligada al grupo Saieh, para abril de 2023.
Los representantes legales CGB defendieron que la opción de entregar un mayor plazo para el vencimiento del crédito "es hacer lo mejor para los deudores y sus patrimonios" y que "nuestro trabajo aquí es maximizar el valor".
Mientras que los abogados del comité de acreedores no garantizados rechazaron la petición debido a la falta de pruebas que sostengan la necesidad de aplazar un crédito y que requería un cambio en las garantías. Sus dardos también se dirigieron contra los integrantes del directorio de CGB que no han participado del proceso de reorganización.
Siegel criticó que "hay tres miembros de la junta. Dos de los miembros de son hijos de Álvaro Saieh. Sospechamos que tienen interés otras corporaciones. Hay un miembro de la junta independiente, el señor Del Río. Nunca nos hemos reunido. A pesar de las reiteradas solicitudes de que la junta hable con el comité, nunca hemos hablado con ellos".
Ante la falta de luz por un acuerdo, la jueza entregó un receso de una hora para que las partes se pudieran poner de acuerdo. Tras la pausa, los abogados de CGB confirmaron a la magistrada que lograron un acuerdo que sería prontamente enviado al Tribunal para lograr extender el vencimiento del crédito.
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